La diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza presentó una iniciativa que busca garantizar que los testamentos sean gratuitos para personas en fase terminal, como parte de una reforma a la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal. La propuesta plantea eliminar cualquier costo económico o técnico que impida a los pacientes dejar en orden su situación patrimonial en los últimos momentos de su vida. La legisladora argumentó que actualmente existen vacíos en el acompañamiento integral que reciben estos pacientes, lo que genera incertidumbre jurídica sobre el destino de sus bienes. Entre los problemas identificados se encuentran la falta de información sobre los trámites testamentarios, la imposibilidad económica de acceder a ellos y la carga emocional adicional que esta situación implica tanto para el paciente como para sus familiares. De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es que el derecho a una muerte digna se complemente con el derecho a concluir la vida con certeza jurídica. Para ello, se propone que las personas en fase terminal puedan recibir asesoría gratuita en materia testamentaria por parte de personal titular o adscrito a notarías públicas, además de que la elaboración del testamento no tenga ningún costo. La diputada Jauregui Mendoza explicó que la eliminación de barreras económicas permitiría a los pacientes decidir libremente el destino de su patrimonio, reforzando su autonomía y garantizando que sus decisiones sean respetadas. Añadió que esta medida también busca brindar tranquilidad a las familias, evitando conflictos futuros por la falta de documentación legal. La iniciativa recibió el respaldo de 14 diputadas y diputados que se adhirieron al proyecto, reconociendo la necesidad de fortalecer el marco jurídico con un enfoque más humano, especialmente en etapas críticas de la vida. El planteamiento también subraya que la seguridad patrimonial es parte del respeto a la dignidad de las personas.

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  Tras su presentación, la propuesta fue turnada a las comisiones de Régimen Interno, Asuntos Electorales y Hacienda del Estado, donde será analizada y dictaminada antes de pasar al Pleno del Congreso para su eventual discusión y votación.