El Congreso de Jalisco aprobó la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado. La nueva legislación estatal establece mecanismos de prevención, atención y protección, así como la coordinación entre autoridades estatales y municipales para atender esta problemática. La diputada explicó que uno de los principales objetivos es que las instituciones cuenten con información suficiente para identificar dónde existen zonas de riesgo y, a partir de ello, focalizar las acciones de prevención y atención. Para ello, la ley contempla un sistema institucional para la generación de información e indicadores que dimensionen el fenómeno del reclutamiento forzado, además de brindar herramientas legales que fortalezcan la protección integral de niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento. La legislación contempla refugios temporales especializados, atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como medidas de acompañamiento y reinserción social para las víctimas. La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, explicó que la aprobación de esta ley estatal permite que la entidad cuente una ruta integral para prevenir y detectar posibles casos de reclutamiento, así como atender y dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o hayan sido víctimas. "Delinear protocolos, políticas, estrategias para la salvaguarda y acompañamiento jurídico y psicológico, así como la atención médica que se requiera para las personas mayores de dieciocho años que se presuma víctima de quien, por cualquier medio, lo hubiera coaccionado, engañado, instigado, inducido o captado en actividades para la consecución de un delito", se lee en la propuesta.

En entrevista para “Así las Cosas”, Héctor Flores, líder del colectivo Luz de Esperanza, explicó que la organización participó en la elaboración de la iniciativa junto con familias y asesores, al considerar que existe una necesidad urgente de contar con herramientas legales específicas para enfrentar este fenómeno.

De acuerdo con Flores, el reclutamiento de personas no contaba con una tipificación específica a nivel federal, situación que, a su consideración, dificultaba que las autoridades puedan desarrollar una estrategia integral para combatir esta conducta.

El activista señaló que, aunque el reclutamiento puede estar relacionado con la desaparición de personas, ambas conductas tienen características diferentes y deben ser reconocidas de manera independiente.

Explicó que existen casos en los que personas son acercadas, engañadas o captadas específicamente con la finalidad de ser incorporadas a actividades de grupos criminales.

También destacó la participación de terceros que pueden funcionar como reclutadores, cuya responsabilidad debería ser investigada y sancionada de acuerdo con las acciones que hayan realizado.

Para Flores, reconocer el reclutamiento como un delito específico permitiría que, cuando una persona sea detenida por participar en estas actividades, pueda responder también por este ilícito y, en su caso, por otros delitos relacionados.

"Es una conducta que no está tipificada", señaló el dirigente, al insistir en que no debe equipararse automáticamente el reclutamiento con delitos como la trata de personas.

El dirigente de Luz de Esperanza consideró que se trata de un avance importante, aunque reconoció que la legislación por sí sola no será suficiente para resolver el problema.

El colectivo también advierte que el reclutamiento forzado no es un fenómeno exclusivo de Jalisco, por lo que considera necesaria una estrategia que involucre tanto a las autoridades estatales como a la Federación.

Flores señaló que mientras los grupos criminales mantengan capacidad para operar y ampliar sus estructuras, el reclutamiento continuará representando un problema.

Por ello, consideró necesario que la creación de nuevas herramientas legales vaya acompañada de estrategias efectivas para prevenir, investigar y combatir el reclutamiento.

El líder de Luz de Esperanza sostuvo que las leyes deben responder a las nuevas necesidades de la sociedad y reconoció que resulta lamentable que actualmente sea necesario legislar sobre una práctica que, desde su perspectiva, nunca debería haber existido.

Para el colectivo, la tipificación del reclutamiento forzado representa un paso para visibilizar una problemática que afecta a familias de distintas regiones del país y para generar mayores herramientas de justicia frente a las redes que se encargan de captar personas.