Familias de personas desaparecidas e integrantes de colectivos civiles tomaron las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos en la Capital potosina, cerrando los accesos con candados en protesta por lo que califican como una omisión histórica y un "desmantelamiento" de las capacidades de investigación del Estado ante la crisis de personas desaparecidas que vive el país. ​La movilización, que ya suma el arribo de activistas provenientes del interior del estado, responde al incumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual desde 2017 ordena la creación de una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, instancia que a ocho años de distancia sigue sin operar formalmente. ​Denuncian retrocesos y opacidad ​A través de un manifiesto, las víctimas señalaron que, lejos de fortalecer la institución, el Estado ha respondido con la remoción de la persona encargada de las búsquedas dentro de la Fiscalía, una decisión que consideran autoritaria y que rompe la continuidad de investigaciones críticas. ​"Ni se creó la Fiscalía especializada, ni se fortalecieron los procesos; al contrario, los están desmantelando", denunciaron las madres buscadoras. ​El reclamo cobra relevancia ante el avance de más de 200 carpetas de investigación y averiguaciones previas que, según los colectivos, han arrojado resultados "positivos" (hallazgos) que dependen actualmente de confrontas genéticas para confirmar identidades. Las familias cuestionan a qué intereses responde el cambio de personal en un momento tan sensible de los procesos de identificación. Su presencia no es un "estorbo administrativo", sino una exigencia de justicia ante la falta de transparencia en los movimientos de personal y la nula voluntad política para dotar de presupuesto y autonomía a la unidad de búsqueda. ​Las demandas de los colectivos entre ellos la Asociación Fe y Esperanza por los Nuestros es la creación inmediata de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, conforme a la ley. ​La restitución o transparencia en los perfiles encargados de las áreas de investigación. ​Garantía de continuidad para las más de 200 carpetas activas y los procesos de confronta genética pendientes. ​De no obtener una respuesta directa y resolutiva por parte de las autoridades estatales, las acciones de protesta escalarán, manteniendo el bloqueo de las instalaciones por tiempo indefinido bajo la consigna: "La búsqueda no se desmantela".