A nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la opacidad se ha instalado en el INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, no sólo quintuplicó las respuestas negativas a solicitudes de información, sino que, además, ha recurrido más seguido a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.

De abril a diciembre de 2025 se registraron 179 negativas de información por “confidencialidad”, el doble que en el mismo periodo de 2024 y cinco veces la cifra reportada en el mismo periodo de 2021 (32), de acuerdo con datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia, hoy operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Adrián Alcalá, excomisionado del Inai, advirtió que el INE abusa de la confidencialidad, una traba de carácter perpetuo, para sellar documentos que podrían entregarse en versiones públicas.

El salto en la opacidad ocurrió pese a que el interés ciudadano bajó: en 2025 se recibieron sólo mil 397 solicitudes, frente a las dos mil 507 de 2024, según datos de la Secretaría Anticorrupción.

Por ejemplo, el INE ha bloqueado datos sobre contratos de cámaras y micrófonos alegando “seguridad nacional”, lo que Alcalá califica como un retroceso en la transparencia de los gastos administrativos.

Desaparece el Inai y el INE se amuralla

A nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la opacidad ha encontrado un refugio seguro en la “Casa de la Democracia”.

Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo ha incrementado sus negativas de información, sino que ha recurrido más seguido a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.

De acuerdo con datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hoy operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en 2025 el INE duplicó las negativas de información por “confidencialidad” respecto a 2024, comparando las cifras de abril-diciembre de cada año, tomando en cuenta que el Inai, autoridad autónoma que confirmaba o revocaba este tipo de decisiones de los sujetos obligados, desapareció a fines de marzo de 2025.

En 2021, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, se registraron 32 negativas de este tipo, cifra cuatro veces menor a la registrada en 2025 con 179 respuestas negativas por confidencialidad de los documentos.

Abuso de la figura de “confidencialidad”

Para Adrián Alcalá, excomisionado presidente del Inai, este fenómeno responde a lo que denomina el nuevo “virus de la transparencia”.

Me preocupa que se esté clasificando la información por confidencialidad, porque esa modalidad es de carácter perpetuo”, advirtió Alcalá en entrevista con Excélsior.

A diferencia de la “reserva”, que tiene una temporalidad definida y debe acreditar un daño al interés público, la confidencialidad cierra la puerta para siempre.

Están abusando... No creo que todos los acuerdos de un órgano deliberativo que lucha por la democracia pasen el test de legalidad de la confidencialidad”, señaló el experto.

En 2023, con Taddei al frente, se clasificaron 69 solicitudes como confidenciales; en 2024 la cifra subió a 72.

Sin embargo, el mayor salto ocurrió entre abril y diciembre de 2025, tras la extinción del INAI, cuando las negativas llegaron a 179.

Lo más revelador es que este aumento se dio pese a que el interés ciudadano parecía ir a la baja: en 2024 se recibieron 2 mil 507 solicitudes, durante el periodo consultado, mientras que en 2025 la cifra cayó a mil 397.

Menos personas preguntaron, pero el INE negó información más que nunca.

El INE dijo que Hacienda reiteró al Instituto que tendrá que decidir las adecuaciones presupuestales que requiera para realizar la consulta de revocación de mandato.

Cámaras y votos

Recientemente, el Comité de Transparencia del INE bloqueó la información sobre el costo y la empresa adjudicada para la instalación de cámaras de video y micrófonos en todas las oficinas del país, alegando riesgos a la “seguridad nacional”.

Alcalá cuestiona este uso de la fuerza del Estado para ocultar gastos administrativos: “Cámaras de seguridad, presupuestos, contratos, es por esencia público. Eso lo superamos hace muchos años”.

Para el excomisionado, el INE ha ignorado herramientas legales como las versiones públicas, donde se podrían testar datos sensibles sin ocultar el gasto total.

Si contiene información confidencial o reservada, están las versiones públicas. ¿Por qué no las ponen a disposición? Le están apostando al enfado y al hartazgo de la sociedad”, apuntó.

Otro caso de opacidad reciente involucra el mecanismo de votación de las consejerías que sirvió para construir el documento sobre la reforma electoral entregada a Pablo Gómez.

Aunque el consejero Arturo Castillo admitió públicamente la existencia de este mecanismo, el INE respondió a una solicitud de este diario declarándolo “inexistente”.

Para Alcalá, esto es un contrasentido: “Es una antítesis ocultar los votos de quienes toman decisiones en el Consejo General... son señales de autoritarismo que pueden volverse una costumbre mala”.

El laberinto

Con la desaparición del Inai, el ciudadano ha quedado atrapado en un sistema donde el “juez y parte” es la norma. Ahora, ante una negativa, el solicitante debe acudir al Órgano Interno de Control (OIC) de la misma dependencia o iniciar un complejo juicio de amparo ante jueces en Aguascalientes.

La situación actual, según el excomisionado, es una regresión que nos lleva incluso más atrás de 2002, cuando inició el sistema de transparencia en México.

La voluntad política, concluyó, es lo único que podría frenar este abuso.

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Con información de Excélsior