El líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que se “ha trabado” la elección de magistrados electorales faltantes en 18 entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, por la falta de acuerdos. “No tuvimos acuerdo, porque como es mayoría calificada había algunas exigencias que no podíamos aceptar en algunos estados del país donde algunos grupos de oposición querían proponer algún magistrado”, detalló. En San Luis Potosí, desde el pasado 6 de octubre el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) quedó “incompleto”, luego de que el magistrado Rigoberto Garza concluyera su mandato, al cumplir siete años legales en dicho cargo. Aunque desde el mes de octubre, el Senador de la República lanzó la convocatoria para la renovación de los 18 Tribunales Electorales Estatales, el período ordinario de sesiones terminó hace unos días, dejando incompletos a los tribunales, lo cual podría resolverse hasta el mes de febrero, según palabras de Monreal Ávila. Es de mencionar que el 21 de octubre, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de elegibilidad de candidatos a 20 de las 22 vacantes que hay, pero cuatro veces, de esa fecha y al pasado 15 de diciembre, los grupos parlamentarios intentaron construir acuerdos, pero no lo lograron porque se trata de decisiones que requieren mayoría calificada. Esto implica que al menos una de las tres bancadas opositoras debe votar con el bloque oficialista, aunque en las comisiones los grupos parlamentarios acordaron no apegarse a las cuotas partidistas, sino fijarse en la trayectoria de los aspirantes y su desempeño en las comparecencias. En cuatro ocasiones, desde el 21 de octubre hasta el 15 de diciembre, los grupos parlamentarios intentaron construir los acuerdos. El primer plazo máximo que se pusieron fue el 18 de noviembre; después el 2 de diciembre y la mañana del pasado martes 14, sólo unas horas antes de concluir el periodo ordinario, el 15 de diciembre, volvieron a intentarlo, pero no lo lograron. Esto, debido a que se trata de decisiones que requieren del voto de la mayoría calificada, lo que implica que al menos uno de las tres bancadas opositoras: PAN, PRI y MC, deben votar con el bloque oficialista.