El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alista para implementar en 2026 una de las políticas migratorias más agresivas en la historia reciente del país, respaldada por miles de millones de dólares en nuevos fondos federales, que permitirán ampliar redadas, centros de detención y deportaciones, incluso en lugares de trabajo clave para la economía, a pesar del creciente rechazo social y político rumbo a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desplegado agentes federales de inmigración en las principales ciudades estadounidenses, donde han recorrido barrios residenciales y protagonizado enfrentamientos con comunidades locales. Aunque en 2025 se realizaron algunas redadas de alto perfil, el gobierno evitó en gran medida intervenir en granjas, fábricas y empresas estratégicas, sectores que dependen históricamente de mano de obra inmigrante sin estatus legal.

Presupuesto histórico al ICE y la Patrulla Fronteriza

El panorama cambiará de forma radical tras la aprobación, en julio, de un paquete de gasto masivo por parte del Congreso controlado por los republicanos, que asigna 170 mil millones de dólares adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029.

Esta cifra representa un aumento sin precedentes frente a los presupuestos anuales actuales de aproximadamente 19 mil millones de dólares, y permitirá a la administración contratar a miles de nuevos agentes, abrir centros de detención adicionales, incrementar arrestos en cárceles locales y subcontratar empresas privadas para localizar a inmigrantes sin estatus legal.

Aumenta el costo político de la estrategia migratoria

La ampliación del plan de deportaciones se produce en medio de claras señales de desgaste político. En Miami, una de las ciudades más impactadas por la represión migratoria debido a su alta población inmigrante, los votantes eligieron recientemente a su primer alcalde demócrata en casi 30 años, un resultado que el propio alcalde electo atribuyó, en parte, al rechazo a las políticas de Trump.

Otras elecciones locales y encuestas nacionales reflejan una creciente inquietud entre los votantes, que ya no perciben la estrategia únicamente como una cuestión de inmigración.

La gente empieza a verlo como una violación de derechos, del debido proceso y una militarización extraconstitucional de los barrios”, señaló Mike Madrid, estratega republicano moderado. “Es, sin duda, un problema para el presidente y para los republicanos”.

El índice de aprobación de Trump en política migratoria, su tradicional bastión político, cayó del 50% en marzo al 41% a mediados de diciembre, tras la intensificación de operativos en grandes ciudades.

Redadas, detenciones y tensión en comunidades inmigrantes

El malestar público se ha intensificado por la presencia de agentes federales enmascarados, el uso de gases lacrimógenos en zonas residenciales y la detención de ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios.

En varias ciudades, negocios cerraron temporalmente para evitar redadas o por la ausencia de clientes. Familias vulnerables dejaron de enviar a sus hijos a la escuela y algunos ciudadanos comenzaron a portar pasaportes como medida preventiva, en un ambiente de temor generalizado.

Las cifras de deportación seguirán en aumento, advierte la Casa Blanca

Además del endurecimiento operativo, Trump retiró el estatus legal temporal a cientos de miles de inmigrantes haitianos, venezolanos y afganos, ampliando drásticamente el universo de personas susceptibles de deportación.

El presidente ha prometido expulsar a un millón de inmigrantes por año, una meta que difícilmente se cumplirá este año, aunque 622 mil personas ya han sido deportadas desde enero, según cifras oficiales.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró que las cifras “se dispararán enormemente” en 2026, una vez que el ICE incremente personal y capacidad de detención.

Absolutamente habrá más acciones de aplicación de la ley en los lugares de trabajo”, afirmó Homan.

Redadas en empresas podrían impactar economía e inflación

El giro hacia los lugares de trabajo podría generar un aumento masivo de detenciones, con consecuencias directas para la economía estadounidense y para empresarios tradicionalmente alineados con el Partido Republicano.

Analistas advierten que reemplazar a trabajadores detenidos elevaría los costos laborales, lo que podría socavar la lucha de Trump contra la inflación, uno de los temas clave rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

Empresas, bajo presión para reaccionar

Aunque el sector empresarial ha evitado confrontar abiertamente a la administración, Sarah Pierce, directora de política social del centro de estudios Third Way, considera que la situación podría cambiar si las redadas afectan directamente a los empleadores.

Será interesante ver si las empresas finalmente deciden enfrentarse a esta administración”, advirtió.

Desde sectores más duros, la presión va en sentido contrario. Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración, sostuvo que los empleadores deben ser parte del objetivo.

Cuando se empiece a actuar contra ellos, corregirán sus malas prácticas por sí mismos”, afirmó.

Un eje central rumbo a las elecciones de 2026

Trump regresó al poder prometiendo niveles récord de deportaciones, argumentando que eran necesarias tras los altos flujos migratorios registrados durante la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, los datos oficiales muestran que una proporción creciente de detenidos no tiene antecedentes penales, lo que ha intensificado el debate sobre derechos civiles y uso excesivo de la fuerza.

Con elecciones de mitad de mandato en el horizonte, la política migratoria vuelve a consolidarse como uno de los ejes más polarizantes de la agenda estadounidense, con implicaciones directas en la gobernabilidad, la economía y el control del Congreso.

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Con información de Excélsior