LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump serán una aduana muy difícil para México en la renegociación del T-MEC.

El USTR, que dirige Jamieson Greer, recibió en las últimas semanas documentos de la American Automotive PolicyCouncil (AAPC), The Business Roundtable (BRT), la National Association of Manufacturers (NAM), la National Foreign Trade Council (NFTC) y la Comisión de Libre Comercio T-MEC.

Se plantean los temas de la agencia binacional en los que el gobierno y el Congreso de México deben modificar sus políticas públicas como condición para iniciar el próximo año una nueva etapa del T-MEC.

Los principales CEOs de Estados Unidos de Norteamérica, aglutinados en la Business Roundtable (BRT), que preside Joshua Bolten, opinan que México ha generado barreras para empresas estadounidenses en telecomunicaciones, aviación, mensajería, aduanas y compras públicas, afectando la neutralidad competitiva y la inversión.

¿Ejemplos?: altos costos de espectro, eliminación del regulador autónomo IFT, restricciones de slots en AICM, ventajas al Servicio Postal Mexicano, cambios abruptos en aduanas y requisitos de contenido local en compras públicas.

Los organismos estadounidenses hacen algunas recomendaciones: restaurar neutralidad regulatoria y competencia efectiva; mejorar transparencia en aduanas y compras públicas, y monitorear acero y aluminio para prevenir triangulación y prácticas desleales.

También fortalecer compromisos digitales, incluyendo prohibición de impuestos a servicios digitales y no discriminación a empresas tecnológicas estadounidenses.

La industria manufacturera y minerales críticos (National Association of Manufacturers), que lidera Jay Timmons, considera que los problemas operativos de la relación con México son auditorías fiscales agresivas por parte del SAT, modificaciones al programa IMMEX, retrasos regulatorios en la Cofepris y restricciones a inversiones en minería/litio.

También hacen sus recomendaciones: mantener continuidad operativa del T-MEC y certidumbre para inversiones; crear mecanismos trilaterales para minerales críticos y energía; mejorar procesos regulatorios y aduaneros, incluyendo cooperación AD/CVD y digitalización, y evitar cambios arbitrarios que introduzcan incertidumbre en manufactura e inversión.

Sobre el comercio digital, inversión y compras públicas, The National Foreign Trade Council (NFTC), que encabeza Jake Colvin opina que México podría favorecer plataformas estatales de pagos electrónicos, lo que afectaría interoperabilidad y competencia.

Refiere las ventajas indebidas a Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, y CFE, a cargo de Emilia Esther Calleja, que violan trato nacional y neutralidad competitiva; restricciones en servicios de nube, “kill-switch” digital y revocaciones AEO que generan riesgos operativos y legales para empresas estadounidenses.

Piden garantizar trato justo en compras públicas y plataformas digitales; asegurar interoperabilidad y transparencia fiscal y aduanera y mejorar seguridad de carga y proteger propiedad intelectual.

En síntesis, empresarios y gobierno de Estados Unidos van a pedir, y en algunos casos, exigir que México reforme su marco regulatorio para generar condiciones de competencia en la economía, el Estado de derecho y legalidad judicial.

NO SE DESCARTA que esta semana el Canciller Juan Ramón de la Fuente sostenga una charla vía remota con el secretario de Estado de Estados Unidos, el multicitado Marco Rubio. El tema central va a ser precisamente la seguridad y los avances que hay en materia de cooperación entre ambos países. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano y su homólogo estadounidense se reunieron personalmente apenas el 13 de noviembre, en el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G-7 que se llevó a cabo en Ontario, Canadá. El Grupo de Seguimiento de Alto Nivel que recién se creó y se anunció en septiembre, cuando Rubio fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se va a reunir próximamente aquí en México. Ese va ser uno de los asuntos que deberá quedar acordado en esta conversación que aún está por confirmarse. Ese grupo da continuidad a medidas tendientes a contrarrestar a los cárteles de drogas, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible e incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

EN EL ÁMBITO aduanero de México y Estados Unidos, y entre el sector público y privado, se habla de que no es suficiente el cambio regulatorio del país y que es necesaria, como ayer le decía, una limpia total de los principales directores de las aduanas de la frontera norte, de puertos y aeropuertos, sin importar que sean marinos, militares o funcionarios públicos de carrera. Y es que aunque la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) tiene un titular, Rafael Marín Mollinedo, los mandos castrenses y marinos le rinden cuentas a sus superiores jerárquicos. Pero más allá de eso, uno de los grandes retos es en materia tecnológica, porque los escáneres de las principales aduanas son obsoletos y la Inteligencia Artificial no se está utilizando para hacer análisis de riesgo en tiempo real. Además, los sistemas del SAT y las secretarías de la Defensa y Marina “no se hablan”. Los gobiernos de la 4T no han invertido recursos suficientes para crear un sistema aduanero a la medida de nuestros socios comerciales en infraestructura, capacitación y profesionalización del personal, coordinación institucional y los directivos están “congelados” ante el crecimiento del comercio electrónico.

TRAS EL PASO del huracán Otis, la aseguradora HDI pagó 40 millones de pesos al Condominio Punta Marqués para reconstrucción: 20 millones en diciembre 2023 y 20 millones en diciembre 2024. No existe comprobación documental del uso de esos recursos: no hay facturas, contratos, pólizas ni garantías exhibidas ante Asamblea. La Asamblea del 25 de enero de 2024 ordenó que el manejo de cuentas y reconstrucción regresara al Comité de Vigilancia (CV). Sin embargo, la expresidenta Lilian Huacuja entregó tokens bancarios y control financiero a Alejandra López Boy, que no fue designada por Asamblea y no tenía facultades para administrar recursos.

Desde febrero 2024, López Boy ha operado decisiones administrativas sin autorización, incluyendo contrataciones, demoliciones (que derivaron en demandas), despido de ROCAL, toma de la oficina administrativa y apertura de una cuenta Inbursa sin aprobación de la Asamblea. La tesorera renunció por presunto fraude el 23 de enero de 2025. El 13 de junio y el 30 de noviembre de 2024, López Boy presentó a los condóminos únicamente un Excel sin comprobantes, pese a repetidas solicitudes formales de rendición de cuentas. El depósito de diciembre 2024 nunca fue informado a la comunidad.

El 26 de julio de 2025, López Boy presentó una denuncia penal contra 33 vecinos por “extorsión y amenazas”. Los denunciados sostienen que la acción busca inhibir la exigencia de cuentas y dividir a la comunidad. En paralelo, López Boy promovió un juicio de nulidad de Asamblea en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tabares, Expediente 262/2025-III, cuyo juez es Alfonso Rosas Marín. El juzgado concedió una medida que bloqueó la cuenta bancaria del condominio, afectando nómina, proveedores, obra civil y pagos relacionados con la reconstrucción. La comunidad alega que la medida judicial se otorgó con documentos sin validez, pues López Boy no representa legalmente al condominio. Solicitan auditoría independiente, restitución del Comité de Vigilancia legítimo y liberación de las cuentas.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE