La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reafirma su voluntad de escucha, diálogo y acción ante las inquietudes legítimas de la comunidad estudiantil, las cuales fueron presentadas el pasado lunes 20 de octubre en el Edificio Central y recibidas por el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra. En ese contexto, la institución informa sobre las labores emprendidas para atender al pliego petitorio de alumnas y alumnos a la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija. Con relación al primer punto, que refiere a la exigencia de destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho, por omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, se precisa que dentro del marco institucional sólo existen dos figuras reconocidas y electas por la comunidad estudiantil: la presidencia y la vicepresidencia de dicha federación. Las demás delegaciones o representaciones que pudieran estar presentes en entidades académicas no cuentan con reconocimiento formal en el Estatuto Orgánico. Respecto a la demanda de asumir responsabilidad institucional por la falta de actuación efectiva, revictimización y ausencia de protocolos con perspectiva de género, se aceptó la renuncia del director de la Facultad y se destituyó del cargo a otros funcionarios de la entidad académica, así como a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. En tercer punto del pliego, sobre la implementación urgente de un protocolo integral para la atención, acompañamiento y sanción ante situaciones de violencia, hostigamiento y acoso, la universidad convocará al establecimiento de mesas de análisis y diálogo con participación de colectivas estudiantiles, especialistas externos y personal capacitado, a fin de construir mecanismos efectivos y legitimados por la comunidad. En materia de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones adoptadas, mencionado en el cuarto punto, se informa que los dos estudiantes involucrados en el caso de violencia de género fueron expulsados de manera definitiva, además de haberse tomado las medidas administrativas correspondientes contra las autoridades señaladas. Sobre las garantías de seguridad y no represalias para la estudiante afectada, sus acompañantes y quienes participen en procesos de denuncia o movilización, esta institución mantiene un compromiso firme con el respeto a la libre manifestación, la protección integral de la víctima y la política de cero tolerancia a represalias. Respecto al sexto punto del documento, la UASLP ratifica la continuidad de los procesos formativos en derechos humanos y perspectiva de género dirigidos a personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho, como parte de una estrategia de prevención y transformación institucional de largo alcance, a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios.

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