Desde su regreso al gobierno, el presidente Donald Trump inició lo que algunos llaman la "Gira de la venganza" contra sus adversarios políticos y críticos, así como una campaña de indultos que rebasa ya los 1,800, de acuerdo con al menos un recuento.

Es una visión tan teñida por intereses personales y políticos, que ya provoca dudas respecto a la independencia del Poder Judicial y ha provocado denuncias sobre lo que la oposición demócrata califica como "desmantelamiento" del Departamento de Justicia, encabezado ahora por su seguidora Pam Bondi.

Para sus críticos, Trump busca convertir al Departamento de Justicia en un arma legal personal, lo que, según la revista The Atlantic, "rompe con las normas de independencia de las fuerzas del orden inculcadas en las décadas posteriores al (escándalo de) Watergate y posiblemente supera cualquier abuso previo del departamento en cualquier otro momento de la historia estadounidense".

El esfuerzo de Trump contra sus enemigos se ha traducido en un número de investigaciones criminales contra personajes a los que se considera como sus enemigos políticos o críticos, incluso aquellos involucrados en indagaciones legales en torno a sus acciones.

Pero el énfasis de su gobierno en la contratación de personas leales al mandatario o a sus ideas se tradujo también en la llegada de elementos sin experiencia y sin la formación legal necesaria, que se tradujo ya en la anulación de numerosos casos, incluso algunos de tan alto perfil como las persecuciones de James Comey, exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o la fiscal de Nueva York Letitia James, y puesto en duda acusaciones contra John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional.

La incompetencia o la ignorancia de los fiscales obligó también a buscar la sustitución de jueces que no interpretan la ley de forma que le guste al gobierno, en especial últimamente en casos relacionados con la campaña de expulsión de inmigrantes indocumentados. En contraste, Trump ha sido generoso en los indultos, tanto que de acuerdo con al menos un recuento lleva 1,800 en los 11 meses de su segundo período de gobierno.

Unos 1,600 de ellos fueron para personas sentenciadas por los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando una multitud de sus seguidores invadió el edificio del Capitolio con la intención de impedir la certificación legislativa de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Para más, reportó The Washington Post, la liberalidad del mandatario alcanzó ya a tantos como un centenar de personas condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico, incluso el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, aparentemente por motivaciones de política internacional.

Cualquiera sea su intención última, Trump parece determinado a romper con algunos principios legales de la historia estadounidense, incluso la independencia del Poder Judicial. Su impacto final está por verse.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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