El próximo domingo 1 de junio, México vivirá una elección con pocos precedentes en el mundo: la de jueces, literalmente a todos los niveles, desde integrantes de la Suprema Corte, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas especializadas y regionales, y jueces de distrito.

El problema: que en su inmensa mayoría son desconocidos para la generalidad de la población y que la forma en que se han desarrollado las "campañas" dan lugar a escepticismo, dentro y fuera del país, para no mencionar señalamientos sobre resultados predeterminados para favorecer a candidatos abiertamente apoyados por el partido de gobierno, incluso varios en el eje de controversias éticas y políticas que los hacen cuestionables.

Algunos partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacan la elección como un experimento democrático único y hasta ejemplar, mientras sus críticos la califican como parte de un proyecto para someter al Poder Judicial a la voluntad de un Poder Ejecutivo cada vez más centralizante.

Parte del problema es la percepción de que la idea de elegir jueces fue promovida por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, como forma de contrarrestar o eliminar oposición a sus propuestas de gobierno. López Obrador se quejó frecuentemente de que el Poder Judicial, en especial la Suprema Corte, asumía posiciones políticas para frenar su programa de gobierno y muy en especial sus proyectos económicos, incluso la reforma energética para "renacionalizar" las industrias petrolera y eléctrica.

Pero la idea entró a formar parte de lo que para muchos fue una campaña sostenida desde Palacio Nacional para socavar o demoler instituciones independientes, del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto de Acceso a la Información (INAI), creadas para fortalecer procesos democráticos en el país.

Las denuncias sobre pérdida de independencia y cercanía de jueces con el gobierno pusieron también sobre la mesa los cuestionamientos en torno a la credibilidad y certidumbre legal ofrecida por los jueces, un problema que de hecho ha coloreado la opinión en torno al régimen de la llamada Cuarta Transformación, especialmente entre inversionistas nacionales e internacionales y organismos especializados en análisis de riesgo.

Peor aún, hay también serios temores sobre la posibilidad de que la elección no resuelva los males que presuntamente fue convocada para resolver: la vulnerabilidad a presiones y amenazas, acercamiento con intereses creados o influencia real de grupos de poder fáctico –especialmente en regiones donde hay presencia de delincuencia organizada–.

El hecho es que parece difícil esperar que haya una asistencia numerosa a una votación por la que no parece haber entusiasmo, para elegir entre candidatos desconocidos en su gran mayoría y a pesar de constantes llamados a la población y una masiva campaña de propaganda.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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@CARRENOJOSE