Los trabajos de investigación en gabinete y campo que realizó el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) permitieron la captura y posterior vinculación a proceso de Oscar Isaac T., por su probable participación en la desaparición de Rubén Alaín, registrada el pasado 9 de junio.

Al tener conocimiento de la noticia criminal, esta representación social comenzó con actos de investigación ininterrumpidos con los que se lograron obtener datos de prueba sobre la probable participación de dicho sujeto en el hecho y se solicitó una orden de aprehensión.

De las pesquisas, se desprende que el pasado mes de junio, Oscar Isaac T. se trasladaba hacia el estado de Aguascalientes cuando sufrió un accidente carretero, por lo que fue llevado a recibir atención médica a un hospital de primer contacto en Moyahua, Zacatecas.

Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado a un nosocomio en el estado de Aguascalientes, donde se realizó la confronta de sus generales y se logró establecer que coincidía como el probable responsable de la desaparición de Rubén Alaín.

Agentes de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía de Jalisco solicitaron la colaboración de la Fiscalía General de Aguascalientes, por lo que le hicieron efectiva la orden de aprehensión vigente en la calle Héroe de Nacozari, en el Barrio de La Purísima.

Por último Oscar Isaac T. fue trasladado a nuestro Estado y puesto a disposición del Juez Décimo Quinto de Control, quien, al valorar los datos de prueba aportados por el agente ministerial de la FEPD, los consideró contundentes y decidió vincularlo a proceso penal por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Además, deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año, como medida cautelar a solicitud de esta representación social.

La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de continuar trabajando de forma incansable para aprehender a todas aquellas personas relacionadas en los delitos de la materia, para que sean presentadas ante la autoridad judicial para que respondan por sus actos y garantizar así el estado de derecho.