Editorial EL UNIVERSAL / La factura electrónica del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución fundamental para la organización y desarrollo de la vida pública en nuestro país. Su papel en la economía doméstica es relevante en la medida en que logra involucrar con sus aportaciones a la ciudadanía y permite estructurar los recursos que generan las actividades productivas. Por estas razones, es crucial la forma en que interactúa con la población económicamente activa. Sin embargo, según revela hoy EL UNIVERSAL, el SAT cambió sin previo aviso y sin la debida justificación el proceso para descargar rápida y masivamente las facturas electrónicas, los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Esta disposición derivó de inmediato en dificultades en los procesos contables de los contribuyentes, principalmente entre los de mayor tamaño. De acuerdo con especialistas, esta decisión implica un retroceso de 10 años en la forma en que los contribuyentes interactúan con el SAT para cumplir con sus obligaciones fiscales. En un contexto en el que la tecnología es una herramienta para agilizar las gestiones gubernamentales, esta nueva disposición significa un entorpecimiento considerable de los procesos contables que impacta por igual a las grandes empresas y a los pequeños contribuyentes. Asimismo, la norma del SAT ha derivado en problemas de implementación porque la información que requieren los contribuyentes fluye a un ritmo menor al que estaban habituados. Esto acarrea consecuencias en el flujo de capitales y, por ende, en la economía entera. La adopción de nuevos procesos rompe con las rutinas contables de millones de ciudadanos e impacta en los procesos económicos. Si bien es cierto que la base de contribuyentes ha aumentado en nuestro país en los últimos años, México es de las naciones con menor recaudación en América Latina, de acuerdo a organismos internacionales. Es decir, a pesar de que actualmente más personas aportan a las arcas públicas, los índices de recaudación continúan siendo bajos. Decisiones como las del SAT, aun sin buscarlo, abonan a esta realidad en la medida que los contribuyentes ven entorpecidos los procesos para cumplir a cabalidad las responsabilidades fiscales. El papel de las instituciones responsables de la recaudación del dinero público es, evidentemente, conjuntar el patrimonio que empleará el gobierno central en los proyectos y disposiciones definidos. Sin embargo, en los tiempos que corren deben ir más allá: parte de su papel también es facilitar a los ciudadanos los procesos en los que interactúan para conformar la hacienda pública. En estos tiempos, México requiere de instituciones eficientes y procesos accesibles para aquellos que dinamizan la economía.

Frentes Políticos I. Suben. Ayer, entre tantas visitas importantes a las oficinas de transición del próximo gobierno federal, acudió Antonio Rojas Navarrete, secretario particular de José Antonio Meade, excandidato presidencial de la coalición Todos por México. Su llegada a las oficinas de Andrés Manuel López Obrador llamó la atención. Dijeron que fue para establecer el primer contacto del también exsecretario de Hacienda con el futuro Presidente de México. De hecho, el particular de Meade fue atendido por César Yáñez, responsable de la oficina de prensa de López Obrador, quien desde el pasado 1 de julio anunció que buscaría a sus adversarios para alcanzar la “reconciliación nacional”. No tardan en verse los colaboradores de Ricardo Anaya. “Amor y paz” es la frase de temporada. Aproveche. II. Lentos, pero seguros. El último paso para concluir el proceso electoral 2018 está en marcha. El TEPJF sesionará este viernes para iniciar el desahogo de al menos 280 impugnaciones, la mayoría interpuestas por el Partido Encuentro Social. Entre las impugnaciones también se encuentran la de Yura Grupo Alameda, y de Marcela Dávalos Aldape, quien se ostenta como presidenta del Partido Político Nacional Democracia Ciudadana. Una vez que el Tribunal resuelva las quejas y confirme o modifique los cómputos, estará en posibilidad de calificar la elección y, entonces sí, emitir la constancia de mayoría. Para ese momento, la agenda pre-presidencial ya estará más que llena. III. Mal balance. Ni su buen humor ni lo dicharachero lo salvan. Luego del anuncio del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de que los vagones de la línea 3 del Metro estarán listos hasta 2020, el senador electo Samuel García aseguró que el gobierno de El Bronco resultó peor que el de Rodrigo Medina. Sostuvo que el mandatario estatal se la ha pasado “pateando el bote” y no ha sabido bajar recursos para concretar obras para el estado. Ve tan fallida la administración estatal que apuntó: “no tienen ni la preparación y menos tienen los soportes técnicos o para pedir un crédito”. Ya ven, pero votaron por él hasta para Presidente de México. Quién les manda. IV. Paternidades. Restituir la Secretaría de Seguridad Pública es uno de los temas prioritarios para el próximo gobierno. Pero no es una propuesta únicamente del candidato vencedor de las elecciones. En los últimos dos años fue planteada por el PAN, el PRD, e incluso el Partido Verde. Pero fueron ignorados. Desde 2016 se planteó en la Cámara de Diputados y en el Senado; en San Lázaro la propuesta más reciente fue la del vicepresidente de la mesa directiva, el perredista Arturo Santana, quien pidió dotar a la dependencia de herramientas para prevenir el delito a través de personal altamente calificado. Lo importante no es a quién se le ocurrió, sino quién lo lleve a cabo. Ésa es la diferencia. V. Buenas cuentas. Ciro Murayama, el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, aseguró que México tiene los partidos “que más cuentas rinden de todos los sistemas de partidos” y resaltó que tanto los “informes no presentados” como el “rebase de topes” y “el gasto no reportado” bajaron considerablemente con respecto a 2017. Informó que 56 candidatos de casi 17 mil que participaron rebasaron el tope de gastos de campaña, de los cuales, nueve son federales y 47 más son locales. De los nueve federales sólo dos ganaron el cargo, pero su rebase no llegó a 5% o más que estipula la ley, y de los 47 locales sólo siete ganaron el cargo, y de ellos, dos son los que tienen diferencia de menos de 5% con el segundo lugar. O sea, truqueamos los gastos de campaña, pero poquito. Qué orgullo.