José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados opinó que las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a pretender prohibir la incorporación de exfuncionarios públicos a la iniciativa privada, es una normativa de intenciones exageradas y que viola los derechos humanos de los servidores públicos.    Durante su participación en el espacio informativo de Érika Salgado, indicó que según las leyes mexicanas, un funcionario público está obligado a que al terminar su función debe esperar un año para incorporarse a la iniciativa privada, sin embargo remarcó que la intención del presidente AMLO de buscar prohibir que un exfuncionario trabaje dentro del sector privado es una clara aberración y daño a las libertades de los mismos.    “Si se quiere impedir de manera indefinida a cualquier funcionario público su incorporación en algún puesto de la iniciativa privada, se violaría un derecho humano, cualquier persona puede trabajar y dedicarse a lo mejor le convenga si es lícitamente. No se puede prohibir la integración a la vida privada de una persona… es una aberración que daña los derechos humanos”.    En este sentido De la Garza Marroquín se pronunció a favor de que exista una reforma a la ley y se intente legislar de manera más clara los temas de conflicto de interés y no pretender prohibir tajantemente a exfuncionarios que se integren en el sector privado.    “Si se establece una opción tajante como ésta… se tendría que ser funcionario público toda la vida o tener que trabajar en la ilegalidad. No es viable imponer una normativa de esa manera, es mejor regular adecuadamente las normativas para los conflictos de intereses, no es lo mismo un funcionario de menor nivel que un Presidente de la República… ahí si veo que se podría elaborar una legislación de ese tipo”.