Guadalupe González Covarrubias, Vocero de Ciudadanos Observando y Hugo Stevens Amaro, del Frente Ciudadano Anticorrupción; consideraron necesario que la actual administración capitalina del alcalde Xavier Nava está obligada a presentar una nueva denuncia por el escándalo de corrupción de la compra de una supuesta proveedora de medicamentos de nombre Sandra Sánchez Ruíz durante la pasada administración encabezada por Ricardo Gallardo Juárez. Un caso que los activistas sociales definen como símbolo de la impunidad en San Luis Potosí, debido a que no ha habido justicia por la desviación de recursos por más de 66 millones de pesos. 

Hugo Stevens indicó que gracias a las diversas investigaciones periodísticas que se realizaron no solo a nivel local sino nacional se logró poner en el ojo público este caso de corrupción muy evidente, recordó que en su momento se tuvieron reacciones negativas por parte del alcalde capitalino en ese entonces el año 2016 y que derivó en una represión a quienes se encontraban investigando los hechos. Añadió que la llegada de la nueva administración representa una oportunidad para presentar una nueva denuncia ante la sindicatura; 8 meses después de haber presentado su denuncia ante la ahora Fiscalía General del Estado se tiene la expectativa de que los síndicos del Ayuntamiento de SLP, tomarán el caso y lo investigarán a fondo, dijo. 

Por su parte Guadalupe González señaló que este caso se encuentra en un momento clave para que la administración de Xavier Nava demuestre de que están hechos, añadió que hay voluntad para investigar el caso pues dijo que el propio Secretario del Ayuntamiento, Sebastián Pérez da su palabra de que no se tolerará la impunidad y se aclarará este escándalo de corrupción.

Advirtieron que como ciudadanía y sociedad civil organizada, ejercerán cada vez más mayor presión sobre el tema en la autoridad judicial y que eventualmente llegará su presión hasta el Poder Ejecutivo porque consideran que se tiene que mantener un Estado de Derecho, independientemente de que el nuevo marco legal defina como organismo autónomo a la Fiscalía General Anticorrupción. 

“Pienso que fueron muchos sectores de la sociedad los que pusieron el dedo en la llaga por este caso, pero lo dejaron crecer. El problema es que hubo inanición y yo creo que todo esto pasa porque en SLP no hay un solo político que el día de hoy esté en la cárcel pagando sus actos de corrupción, por esos es como una invitación a que esto suceda y si no pueden que renuncien… de alguna forma u otra acudiremos hasta el Gobernador” culminó.