Pese al alto costo que representan para el Estado, las instalaciones de la siete cárceles federales que operan bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) son desaprovechadas y no se utilizan para mejorar las condiciones de los internos, advirtió Elena Azaola. La lógica que impera en estas cárceles, señaló en entrevista la profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), es maximizar la ganancia para los inversionistas, a quienes no les interesa la rehabilitación de los reclusos. "Esos penales, que costaron muchísimo, tienen canchas al aire libre, auditorios abiertos y cerrados, aulas y talleres, clínicas, pero nada de eso se usa y no se usa porque todo está a expensas de los intereses de los inversionistas", indicó. "Esas empresas no quieren invertir en poner talleres, maestros, clases; entonces, tienen a los presos encerrados tras ocho rejas, con muy pocos vigilantes que se hacen cargo de 100, de 200 presos, entonces no los dejan salir de sus áreas, de sus celdas, y no tienen actividades, ni nada". REFORMA publicó ayer que en 2010, durante la administración de Felipe Calderón, el Gobierno federal comprometió el pago a 22 años de 199 mil 476 millones de pesos por la construcción y operación de ocho centros carcelarios. Esas prisiones, de las cuales han entrado en operación siete, actualmente se encuentran a la mitad de su capacidad, pues cuentan con espacios para 17 mil 648 reos, pero sólo tienen albergados a 10 mil 334. Azaola, quien es autora de diversos trabajos sobre el sistema penitenciario, lamentó que una inversión tan cuantiosa no se haya destinado a mejorar los condiciones de los penales que ya existían y que son sumamente deficientes. "El Estado de todas manera tiene que pagar como si estuvieran llenos (los penales privados) porque eso es lo que dice el contrato: a partir de que yo te entrego la obra, tú me empiezas a pagar por 2 mil 500 (reos), que es la capacidad de estos centros. Así tengan mil o mil 500, el Estado está pagando el doble", reprochó. "Es una locura. Ese dinero debió de haber sido invertido para mejorar las condiciones de todos los penales del País, no para construir cinco, seis cárceles, súper sobradas en infraestructura". Además de las siete cárceles APP, el Gobierno federal administra 11 penales más, los cuales también están a la mitad de su capacidad: de los 18 mil 318 espacios disponibles, albergan 8 mil 660 reos, lo que significa una ocupación de 47.2 por ciento. "Las cárceles no han mejorado por el hecho de tener menos población. Ese es el hecho, no han mejorado, se invierte menos. Nadie ve eso como una prioridad", lamentó Azaola. -- Reforma