La Auditoría Superior del Estado (ASE) señala un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 14 millones de pesos más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por el pago de intereses moratorios por compra de terreno en el año 2011 en Ciudad Valles. En la revisión de las cuentas públicas del 2019 resalta que de las cuentas bancarias correspondientes al FORTAMUNDF se realizaron dos pagos: uno por 4 millones y medio al alcalde Adrián Esper Cárdenas y uno de 9 millones y medio a su hermano, esto por concepto de cobro de intereses moratorios de un terreno que la familia habría vendido al ayuntamiento en el 2011. El documento constata que dichos pagos fueron acompañados de una copia incompleta de contrato de promesa de compra de dos inmuebles ubicados en el Fraccionamiento 21 y Villabrisa, el cual fue celebrado con funcionarios municipales el 6 de septiembre de 2011. Sin embargo, no existe evidencia de que este haya sido efectivo ante un Fedatario Público, además de que indica que se trata de una donación por parte del padre del actual alcalde. Ambos inmuebles no se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad como parte el patrimonio del ayuntamiento. “No se tiene evidencia documental de que el adeudo y/o gasto plurianual se haya justificado, en términos de lo establecido, según artículos 30, 33, 37, y 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí” se lee en el informe individual y se puede ver también que dicho pago es improcedente. Dicho informe asegura también que en los registros financieros del ayuntamiento de Ciudad Valles correspondientes al periodo 2012-2017 no se encuentra documentado cuentas de intereses moratorios ni otros conceptos relacionados con la compra-venta de dichos inmuebles. Las pruebas de desahogo que presentó el ayuntamiento no ayudaron a resarcir la observación pues se trató de documentación incompleta: “el contrato de promesa de compra venta, no tiene validez, ni coercibilidad alguna para generar la obligación entre las partes, y no indicó un tiempo determinado para hacerlo efectivo; no existe evidencia de la publicación de decreto, que haya sido emitido por el H. Congreso del Estado, mediante el que se autorice al Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a celebrar contrato que comprometa recursos que excedan del término constitucional”.

La ASE también indica que “no se demostró plena y fehacientemente que el presidente Municipal y su hermano, sean propietarios y tengan el dominio pleno de los predios ubicados en los Fraccionamientos 21 y Villa Brisa; el municipio no acredita la propiedad de ninguno de los dos terrenos”.