Ante el Congreso del Estado la asociación civil Cambio de Ruta presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental y al Código Penal, para que los delitos ambientales puedan ser denunciados por cualquier ciudadano, con lo que se eliminaría así esa potestad absoluta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM). “Es importante establecer que los daos ambientales son producidos a veces por conductas activas u omisivas, y en muchos casos se requiere el transcurso de tiempos prolongados para identificar los efectos adversos en los ecosistemas. Aunado a esto se condiciona el actuar de la ciudadanía, víctima de daños ambientales, al criterio de la SEGAM, que está de mas advertir su inoperancia en el Estado”. En la exposición de motivos señalan que resultaría contradictorio desde la óptica de los derechos humanos, el no avanzar en la tutela efectiva de las prerrogativas reconocidas por el texto general, sin su aplicación.  “Esperamos que los Diputados se sensibilicen con el tema y coincidan en la importancia de otorgar a los ciudadanos el derecho a denunciar cualquier delito ambiental en el Estado de San Luis Potosí, del cual sean sabedores”, expuso el representante de la A.C. Mencionan que dentro de la Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 182, donde se establece los delitos de orden ambiental contempla que toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en la ley. Esta disposición federal, contradice la legislación local existente dado que la atribución se reserva sólo a la SEGAM, lo cual despeja del carácter de victima a las personas para presentar una denuncia o querella sobre el tema. Además señalan que corresponde a los tres niveles de gobierno la atención a los problemas por el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas terrestres y acuáticos se vuelve urgente, si se toma en cuenta que muchos de estos fenómenos trascienden biodiversidad, escasez y contaminación de recursos hídricos y en la calidad del aire. “En este contexto, son estos daños y deterioros los que dan lugar a la obligación de denunciar la comisión de un delito contra el ambiente directamente ante las autoridades correspondientes, así como ante la Fiscalía”. Por ello consideran de gran relevancia actualizar la Ley Ambiental del Estado así como sus leyes complementarias. Lo que se traduce, según explican en la propuesta de ley, en la obligación de todas las autoridades de gobierno, así como de los ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, atender y aplicar las normas cuyo objeto es la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico.