La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí confirmó que el ex diputado José Belmárez Herrera no ha reintegrado el monto de 114 mil pesos relacionado con la simulación de entrega de apoyos sociales detectados por este organismo fiscalizador señaló Guadalupe González Covarrubias vocero de Ciudadanos Observando. Fueron 8 los diputados de la pasada legislatura que fueron evidenciados por ser parte de una red que manejaba empresas fantasmas para presuntamente desviar cerca de 40 millones de pesos en apoyos sociales, informes legislativos y cursos de capacitación, donde cada legislador pudo haber manejado casi un millón y medio de pesos por estos 3 conceptos. Por lo tanto, la Auditoría Superior realizó un muestreo a la cuenta 2017 sobre las supuestas ayudas sociales que reportaron los diputados como entregadas, detectando a 8 diputados con irregularidades, de los cuales 7 ya devolvieron los montos irregulares encontrados por la Auditoria Superior y se aseguró que estos fueron entregados con los intereses correspondientes al Congreso del Estado. Sin embargo, José Belmárez se negó a devolver el dinero producto de las observaciones de la revisión respectiva, por lo cual ya ha sido notificado oficialmente el ex diputado del vencimiento de los plazos legales para devolver el dinero, sin embargo, categóricamente ha mostrado su negativa. Lo que procede es que la Contraloría Interna o la Junta de Coordinación de Política deben seguir este proceso para devolverse ese dinero, que incluso ya tiene intereses. “Quien lo va a sancionar es el propio Congreso, que en caso de que fuera una negativa ya total y completa, entonces entran otro tipo de procesos, donde la Auditoria lo puede inhabilitar o poner una denuncia, el propio Congreso tiene que poner una denuncia ante la fiscalía, ya por otro delito, y entonces ahí cuando se tendrían que pasar a los términos jurídicos”.   El Frente Ciudadano Anticorrupción ya interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior para que se haga una revisión a fondo de las partidas financieras usadas por los anteriores diputados relacionados con ayudas sociales entre las que destaca la presunta falsificación de firmas y documentos de beneficiados y el uso de al menos cincuenta empresas fantasmas.