Tras la renuncia del súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, sobre el cual pesan siete investigaciones por la detección de posibles conductas irregulares, el experto en temas jurídicos, José Mario De la Garza, opinó que si bien es la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien le señala por las irregularidades como la obtención de contratos para comprar de medicinas de entre 38 y 169 millones de pesos, es la misma SFP quien tiene una responsabilidad en el caso, porque el ex funcionario ya había declarado conflicto de intereses en su #3de3 y no se le dio seguimiento.  Dijo que esta instancia debió verificar qué empresas estaban participando en las licitaciones y frenar aquellas donde tenía relación el ex delegado federal.  Indicó que este caso muestra la fragilidad que tiene el sistema mexicano en el que cualquier persona se puede filtrar apareciendo como funcionario público y beneficiarse a través de una red de empresas estructuradas. Por lo mismo manifestó que es muy importante el periodismo de investigación que fue el que reveló estos ilícitos del hoy exdelegado y remarcó que no es un logro de la SFP, como se ha dicho. Argumentó que si el propio Lomelí había declarado que poseía estas empresas, pero no se le dio seguimiento a las declaraciones 3 de 3, pues inevitablemente no se van a poder acabar estos hechos ilícitos. “Se debe actuar de forma preventiva, no reactiva, no hasta que ya sucedió”. “Nos estamos llenando de papeles, si no nos está funcionado la 3 de 3… pues entonces… ¿Quién le está dando seguimiento si la propia SFP no lo hizo? porque era su responsabilidad”.