La diputada Sonia Mendoza Díaz comentó que parte de las exigencias ciudadanas que han derivado de los foros de consulta a la reforma político electoral, fueron que se apliquen sanciones severas como pudiera ser quitar la candidatura o impedir su registro a quienes incurran en violencia política de género. Lamentó que se siguen presentando casos de discriminación por el trabajo y participación de las mujeres en la política. Dijo se deben buscar cómo tipificar como delito la violencia política de género, para castigar a quien incurra en ella y se tomen medidas para erradicarla. “Por ello, estamos pugnando porque haya sanciones administrativas que pudieran ser la multa, inhabilitación o cese del cargo, que se les retire la candidatura o se le impida registrarse o incluso, que haya pena de cárcel”, expuso. Como integrante de la Comisión Especial para estas reformas, refirió que en el caso de las diputaciones, la paridad está regulada, pero se trabaja en una innovación para que adicionalmente los partidos presenten dos listas de seis aspirantes, una de hombres y otra de mujeres.