El pleno de la Cámara de Diputados aprobó prorrogar por tres años más la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo proceso de aplicación había empezado en 2023 y en 2027 se tendría que implementar de manera homóloga en todos los estados. Este martes, la efeméride corrió por cuenta del coordinador de los diputados del del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira: “en 2017, 2017, después de una amplia consulta pública, se hizo una reforma constitucional para que tuviéramos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 2017, hace nueve años”. “Cuatro años después, esta Cámara, 2023, muchos de nosotros, como 150 votamos ese código. Se votó porque la Barra Mexicana Colegio de Abogados presentó un amparo y le dijo a la Cámara, 'Oye, tienes en falta, desde el 17, 5 años, tienes en falta y no has emitido el código que se te ordenó'. Algo parecido con lo que nos sucede con el rezago que tenemos”, aseveró. El priista recordó que “no solamente se votó aquí por unanimidad, se votó en el Senado, de donde vienen varios de ustedes, y lo votaron a favor, y qué bueno. Ahora resulta que se va a patear el balón, por no decir otra cosa, hasta el 2031”. “Yo le pregunto a la mayoría, ¿14 años para que entre en vigor ese código? Pues vaya, eh, qué manera de burlar la voluntad popular y al constituyente permanente”, enfatizó.

El dictamen estaba por ser aprobado en lo general por 363 votos, 57 en contra y cero abstenciones para homologar procedimientos en materia civil y familiar en todo el territorio nacional. Moreira subió a la tribuna luego de que el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno argumentara en su fundamentación que la “reforma que estamos proponiendo, se amplía el plazo al de la entrada en vigor hasta el 1 de abril del 2030, para que la transición al nuevo sistema se realice de manera gradual, con mayor preparación y sin afectar los derechos de quienes requieren justicia”. “Se busca garantizar que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se lleve a cabo de manera ordenada, eficiente y, sobre todo, en beneficio de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia”, aseguró. Moreno resaltó que “con la aprobación de este dictamen estamos dando las

condiciones para que el nuevo sistema funcione correctamente desde el primer día. Además, aquellas entidades que estén preparadas, podrán comenzar a aplicar el Código antes de esta fecha”.

A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Adolfo de Hoyos reprochó que “ahora se propone, sin más, posponer por otros tres años, de 2027 a 2030, su entrada en vigor”. “Se dice fácil tres años, pero son tres años más de espera para miles y miles de justiciables que están sufriendo la tortura de un procedimiento que no llega a sentencia o una sentencia que no se puede ejecutar”, remarcó el emecista. Prórroga del nuevo código enfrenta a diputados

Emilio Suárez, diputado del PRI destacó que “sin prever recursos, simplemente se nos plantea hoy patear otra vez el bote. No se plantean recursos, insisto, en el proyecto de presupuesto para que esto pueda ser una realidad”. “Hoy, después del desastre que ha sido la reforma judicial y sus efectos perjudiciales en nuestro sistema de justicia, el gobierno y Morena quieren, como coloquialmente se dice, patear el bote, presentan una ampliación al periodo de cuatro años que se estableció en el régimen transitorio y dicen que hay por ahí otra reserva más”. La diputada del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal respondió que “no es que estemos pateando el bote, como lo ha venido a comentar la oposición, eso es completamente falso. ¿Qué más quisiéramos nosotros que esta curva de aprendizaje fuera mucho más efectiva, mucho más ágil y mucho más rápida?”.

“Pero no podemos aventurarnos a que este código entre en vigor cuando no se cuentan con los recursos e instrumentos suficientes para que así sea. Porque si no, entonces, no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo”, admitió. Antes de bajarse de la tribuna, Moreira comentó que en 2023, “esta Cámara, 2023, esta Cámara, muchos de nosotros, eh, como 150 de nosotros, votamos ese código. Se votó porque la Barra Mexicana Colegio de Abogados presentó un amparo y le dijo a la Cámara, 'Oye, tienes en falta, desde el 2017, cinco años, tienes en falta y no has emitido el código que se te ordenó'. Algo parecido con lo que nos sucede con el rezago que tenemos”. “Y el juez nos dio un término para elaborar el código y lo hicimos. Y se firmó por los coordinadores de todas las bancadas, de todas las bancadas. Y salió por unanimidad y en el debate dijimos que para que funcionara el código requería presupuesto”. El coordinador del PRI mencionó que “ya hay cuatro estados, compañeros, ya hay cuatro estados, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Baja California, que hicieron la tarea. Y ahora tendremos un problema a partir del año 31, unas entidades con un código, con procedimientos, y otras con los códigos anteriores. No cabe duda que no reflexionaron lo que votaron”. “Qué burla es esta. ¿Saben qué va a pasar en el 2031? Pues que no van a estar preparados los estados. Eso, eso va a pasar, eso va a pasar. Y va a pasar porque aquí no hay responsabilidad. Deberíamos de obligar a las entidades federativas”, vaticinó.

En la votación en lo particular se emitieron 367 votos en pro, 60 en contra y dos abstenciones, por lo que fue enviado al Senado de la República para su discusión y votación. El dictamen estaba por ser aprobado en lo general por 363 votos. 57 en contra y cero abstenciones para homologar procedimientos en materia civil y familiar en todo el territorio nacional. En esta votación, además de Morena y aliados, la bancada del Partido Acción Nacional emitió 59 votos a favor En la votación en lo particular se emitieron 367 votos en pro, 60 en contra y dos abstenciones, por lo que fue enviado al Senado de la república para su discusión y votación. Las morenistas Magda Érika Salgado y Olga Sánchez Cordero votaron en abstención. Con información de: Latinus