El coordinador del programa de Atención a Víctimas del delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Juan López Villanueva señaló que los gobiernos estatales deben actualizar y armonizar sus legislaciones locales, para que en materia de víctimas sea correspondiente a la Ley general de Víctimas. En la última década en esta área de la CNDH se ha detectado una problemática fuera de lo común en cuanto a una descomposición familiar luego de enfrentar una desaparición, afectando tanto en la economía, aspectos sociológicos, pero sobre todo psicológicamente. “Se generan sobre victimizaciones, el grupo familiar se colapsa, el núcleo cercano inmediato y lejano, el lejano se vuelve contra la familia, la rechaza, le da la espalda, la estigmatiza, y el inmediato, el vecindario incluso es más grave, y la familia generalmente tiene una presión adicional a los problemas”. Cuando se presenta una desaparición, desde una perspectiva de derechos humanos se violentan derechos a la alimentación, a la vivienda, el derecho a la educación, al trabajo y a la salud. “Una desaparición genera en la madre, en el padre, hermanos, una serie efectos psicofísicos que pueden debilitar su situación autoinmune, y eso genera enfermedades que precipitan tendencias genéticas o que generan enfermedades nuevas”.