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Menos del 5% de los ciberdelitos son denunciados ante la autoridad y por tanto quedan en la impunidad
00:51 sábado 4 agosto, 2018
San Luis
La aprobación de leyes para sancionar ciberdelitos sexuales en San Luis Potosí no ha servido para disminuir la incidencia de estos ilícitos en la red, al contrario, ha habido un incremento en el número de víctimas, las cuales cada vez son más jóvenes, al grado de que la Fundación Sofía, que se encarga de atender estos asuntos, ha detectado casos de niños de entre 7 y 11 años de edad. Cifras de la Fundación Sofía hablan de que entre 2015 y mediados de 2018 se han atendido 402 casos de ciberdelitos en San Luis Potosí. En 2017 fueron 96 casos atendidos y en lo que va de 2018 van 27 casos, sin embargo, se espera un incremento para el segundo semestre de este año, especialmente una vez concluidas las vacaciones de verano, en donde los jóvenes, en su tiempo libre, comparten imágenes con contenido sexual. El presidente de esta fundación Fernando de la Fuente García, consideró que este incremento en el número de casos, pese a las legislaciones que se han aprobado, se debe a que las autoridades no están emprendiendo campañas efectivas para que los jóvenes entiendan la gravedad de compartir imágenes con contenido sexual vía WhatsApp o redes sociales. El experto consideró que también hace falta imponer sanciones aún más severas, como ocurrió recientemente en Yucatán, en donde se tipificó como delito el compartir “el pack” (conjunto de imágenes con contenido sexual), aún habiendo consentimiento de la persona que ahí aparece y se impuso una sanción de 9 años de cárcel, mientras en San Luis Potosí la sanción más alta son 5 años de prisión. Los artículos del Código Penal del Estado que hablan sobre la difusión ilícita de imágenes son el 178 Bis y el 187. En concreto el 178 Bis habla de que “Comete el delito de abuso sexual equiparado, quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología, contacte, obligue, induzca o facilite a una persona menor de dieciocho años, o de una persona que por su condición no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que no tiene capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual”. Pese a la presencia de este delito en el Código Penal, en la práctica las víctimas no se atreven a denunciar. De acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en 2015 se registraron solo 18 denuncias en cuanto a estos temas, siendo que la Fundación Sofía está atendiendo un promedio de 100 casos por año. Fernando de la Fuente estimó que menos del 5 por ciento de los casos que atiende la fundación se denuncian ante las autoridades, esto debido a que no hay una cultura de la denuncia y los ciudadanos no tienen confianza en las autoridades, por lo que ven innecesario pasar este proceso de búsqueda de justicia. Además de los ciberdelitos sexuales, también existen ciberdelitos financieros, los cuales consisten en el robo de información bancaria o la ciberextorsión. Fernando de la Fuente señaló que han detectado una nueva modalidad de ciberextorsión en San Luis Potosí e incluso ya tienen 6 casos de este tipo. Dicha modalidad consiste en que les llega una solicitud de amistad en Facebook a las víctimas, por parte de un perfil falso, en donde aparecen fotografías de una mujer muy bonita. Una vez que la víctima acepta la solicitud de amistad, la mujer empieza a conversar con la persona vía inbox y en poco tiempo la conversación comienza a subir de tono. Posteriormente, los extorsionadores toman capturas de pantalla de la conversación y amenazan a su víctima con difundir el contenido de esa conversación de forma viral, si no depositan hasta 80 mil pesos en cuentas bancarias de Costa de Marfil. Los ciberdelitos, conocidos como sexting, grooming o fishing, con el auge de las redes sociales han comenzado a considerarse en los códigos penales de los estados, sin embargo, todavía tienen penas muy bajas, que en el caso de San Luis Potosí son de 2 a 5 años de prisión, aunado a que las procuradurías aún no cuentan con tecnología suficiente para investigar este tipo de asuntos y en ocasiones no se llega a una sanción.