Pese a que en Argentina está permitido abortar en caso de violación, Lucía, de 11 años fue forzada por las autoridades a dar a luz cuando estas dilataron el proceso hasta lo inevitable, lo que reavivó los llamados en el país para legalizar el aborto.

Los críticos del caso denuncian que la menor fue violentada en su casa, en el hospital, en los tribunales, en la iglesia, y en los medios de comunicación, al imponerle que continuara su embarazo contra su voluntad. "Obligar a una niña a seguir con un embarazo producto de una violación es tortura. Lo dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso LMR en 2011"

Mariana Carbajal, Periodista e integrante del colectivo Ni Una Menos La historia de Lucía Lucía de 11 años, llegó junto con su madre al hospital Eva Perón de Tucumán, provincia al norte de Argentina, el 29 de enero pasado. Dijo entonces que le dolía el estómago, pero en realidad cursaba un embarazo de 19 semanas.  La niña vivía con su abuela, quien la tenía a su cuidado por orden de un juez después de que la pareja de su madre abusara de sus dos hermanas mayores. En el hospital, Lucía contó que el novio de su abuela la había violado y los médicos la refirieron a un hospital público en Banda del Río Salí, a las afueras de la capital provincial. En el hospital, Lucía y su madre dejaron claro que querían interrumpir el embarazo.  “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” El Sistema de Salud de Tucumán emitió un comunicado informando de la decisión de las mujeres, pero hizo un llamado a procurar "salvar las dos vidas”. Los abogados de Lucía denunciaron que los médicos, atendiendo a su propia objeción de conciencia, le dieron drogas que aceleran el desarrollo fetal, lo que la coordinadora argentina Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Celia Debono, dijo que eran maniobras dilatorias para pasar el tiempo y que la niña diera a luz. Mientras la menor seguía hospitalizada, los familiares enviaron un correo al grupo Ni Una Menos, dedicado a combatir la violencia contra las mujeres y que se volvió una voz destacada en la lucha por la despenalización del aborto. Cuando los abogados del grupo llegaron a visitar a la menor el lunes 25 de febrero, Fernanda Marchese, de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), dijo que la familia no recibió la información correcta para ejercer sus derechos. Al mismo tiempo, el hospital permitió que activistas antiaborto visitaran la habitación de Lucía, donde la exhortaron a dar a luz y le aseguraron que de otro modo nunca iba a ser madre, según Marchese. Los grupos por los derechos reproductivos presentaron demandas de emergencia para que el tribunal le ordenara al hospital realizar la interrupción del embarazo. Los médicos de ahí se rehusaron, al calificarse como objetores de conciencia. Se ordenó a médicos del sector privado realizar la operación, pero como la gestación ya estaba tan avanzada y la menor seguía siendo de cuerpo pequeño, los médicos no vieron otra opción que realizar la cesárea. El bebé sólo tiene un 40% de probabilidades de vivir, según los médicos. "La actitud que tuvieron los profesionales que estaban ahí fue de espectadores. Colaboraron parcialmente. Fuimos tres personas en soledad asistiendo a la nena". Cuando terminó la intervención quirúrgica a Lucía, un grupo de activistas antiaborto protestó afuera del hospital. Muchos de esos activistas se involucraron en el caso después de que el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, envió un mensaje de audio en el que reveló la identidad real de Lucía y pedía a los fieles cuidar y custodiar al feto.

Por su parte, las autoridades provinciales en Tucumán negaron haber actuado de manera incorrecta. Aunque el Gobierno provincial de Juan Manzur, y oficiales jurídicos se han intercambiado la culpa respecto al manejo del caso desde que se hizo público y se volvió muy comentado en medios y redes. Ojos sobre Tucumán Tucumán se ha hecho nacionalmente considerada como la capital de la violencia contra las mujeres. Casos como el feminicidio de Paulina Lebbos, encubierto durante más de 13 años; la desaparición de Marita Verón, víctima de la impunidad de las redes de trata; el caso Belén, presa durante más de tres años por ingresar a un hospital con un aborto espontáneo; el travesticidio de Ayelén Gómez, una joven asesinada por la policía provincial; y ahora la maternidad forzada de Lucía, son solo algunos de los casos más resonantes.  En el artículo 40° de su Constitución Provincial (2006), establece la “protección de la maternidad, favoreciendo la participación laboral de la madre sin que afecte tareas propias del hogar”. Además es la única en la que todavía se imparte educación religiosa en las escuelas públicas.  Impulsan lucha por el aborto legal A pedido del Presidente, Mauricio Macri, la Cámara discutió en 2018, por primera vez, una ley que proponía legalizar el aborto libre hasta la 14ª semana. La iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en el Senado. Este año, la exigencia de una ley de interrupción legal del embarazo volverá a ser una de las consignas centrales de la movilización del próximo 8 de marzo. El movimiento exige la legalización del aborto para evitar más casos como el de Lucía. “Hay muchas Lucías y hay muchos profesionales que les dan la espalda (...) Esto a una chica con plata no le pasa” --

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