La Comisión de Vigilancia del Congreso local enviará a la Auditoría Superior del Estado recomendaciones para la fiscalización de los recursos públicos de las Cuentas Públicas 2017 en los diferentes entes auditables, las cuales se espera sean aplicadas en el próximo ejercicio de fiscalización, informó la diputada Marite Hernández Correa, presidenta de la comisión. Puntualizó que primero serán puestas a consideración del Pleno, luego de ello se notificará a la ASE para solventar estas observaciones y que se atiendan para mayores prácticas de transparencia a futuros ejercicios. “Buscamos robustecer el dictamen con mayor información, agregada al propio dictamen con la finalidad de dar mayor claridad a su contenido, y donde se fortalece el apartado de recomendaciones que formula esta comisión de Vigilancia a la Auditoría por algunos aspectos que vimos que no eran tan claros no de fondo, sino de forma y con ello tener mayor claridad en cuenta a la Ley de Fiscalización en el propio dictamen”. En este sentido, expuso sobre algunas recomendaciones que emitió la comisión del informe individual de auditoría del Poder Ejecutivo como: Que no existe en lo general criterios de selección susceptibles de ser aplicados en el ámbito local como sucede en el ámbito federal, corresponde a la Auditoría Superior del Estado la fiscalización de la totalidad de los entes auditables, “es un requisito importante que habría que analizar desde la Auditoría”. Igualmente, al no auditarse la totalidad de los ejecutores del gasto que integra el Poder Ejecutivo existe la necesidad que se establezca en el informe los criterios de selección, es decir, “no es claro en este momento el criterio de selección donde se decide qué entes sí y cuáles no, en relación con las dependencias instituciones, entidades, órganos y organismos del Ejecutivo estatal que son sujetos de auditoría”. Igualmente, la legislador informó que la Comisión de Vigilancia estimó necesario que los informes de auditoría integren el rubro resumen y aclaraciones donde la ASE asiente un resumen sobre el total de los montos observados y reintegrados por cada ente fiscalizador. En tanto, también solicitarían a la Auditoría identificar cuáles son las agencias calificadoras consultadas que consideraron el nivel de endeudamiento del estado “como buena y de bajo riesgo crediticio”, así como datos que permitan conocer sobre revisiones programadas a dichos rubros por parte de la auditoría superior de la Federación.