Vínculo copiado
Se acumulan 300 casos de investigaciones en contra de funcionarios públicos, por lo que integrantes del Consejo Ciudadano de Transparencia han señalado la urgencia de establecer definitivamente el Sistema Anticorrupción
17:06 miércoles 18 julio, 2018
San LuisSan Luis Potosí, México (18 de Julio 2018).- Este miércoles se realizó la 88 reunión ordinaria del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí (CCTSLP), donde se tuvo como invitado al fiscal anticorrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, donde se trataron temas de la función de la fiscalía anticorrupción y la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Angelina Acosta, presidenta del CCTSLP, señaló que aunque el desempeño del fiscal ha sido apto y efectivo en la planeación y la estructura con la que se está planeando la estructura correcta, lo cierto es que no se cuenta con una ley reglamentaria que permita la operación. Así mismo dijo para que el sistema anticorrupción progrese es necesario que se dé la ley reglamentaria de la fiscalía y el nombramiento de los puestos acéfalos en el comité de participación ciudadana. Dijo espera que para el mes de agosto pueda darse ya la aprobación de la ley en el Congreso del Estado, en el mes de agosto. Al respecto el fiscal Jorge Alejandro Vera Noyola, admitió que la falta de una ley reglamentaria resta operatividad y facultades a la fiscalía anticorrupción, pues explicó que en el caso de las investigaciones contra funcionarios públicos la Fiscalía únicamente coadyuva con las investigaciones, sin embargo las resoluciones y cumplimentaciones las lleva la visitaduría de la Procuraduría, toda vez que no se ha podido concretar la transición de la Fiscalía General. “La problemática que tenemos es que la ley actual de la procuraduría, le da la facultad de investigador a una visitaduría, no podemos asumir esas funciones porque estaríamos invadiendo competencias de un área que existe en la procuraduría”. Dijo que actualmente se tienen un aproximado de 300 casos de investigaciones en contra de funcionarios públicos, la mayoría en temas de seguridad pública Estatal y Municipal, así como de actos de corrupción.