El asunto de la cuenta pública 2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ya está en la cancha de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien deberá determinar si existe o no una sanción por el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación, sostuvo la diputada Marite Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Vigilancia. "Ahorita está ya en manos de la Auditoría Superior del Estado quien deberá de encargar y está deliberada si la información que ellos entregaron en diciembre, se refiere a la cuenta pública 2018 y cumple con todas las características en ese sentido...". Sin embargo, la legisladora reconoció que este "error", como lo argumentó la CEDH pudiera traer en consecuencia sanciones administrativas o incluso penales, pero dejó estas determinaciones a la propia auditoría. "Pues sí se puede llegar a presentar una falta, que bien puede ser grave, pero sí de un desacato; todo dependerá de lo que resuelva la auditoría durante la revisión del material que se le entregó, así como el disco y la información digital y de ahí verá si cumple o no con los requisitos de una cuenta pública y ellos tendrán que determinar".