De acuerdo con un estudio del INEGI, San Luis Potosí se suma al total de 15 estados que han llevado de manera parcial la implementación del esquema de la Ley General del Sistema Anticorrupción. Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus procesos de trabajo.   Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI señaló que el estado ocupa el 4° lugar a nivel nacional con la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con un 16.7% de su población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, superando la media nacional del 14.6%.   En 2017, se identificaron 17 entidades incluida la entidad que contaban con un plan o programa anticorrupción y 9 informaron que se encontraban en proceso de integración. A nivel nacional durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 millones de pesos.   Esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de conversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 mil 146 millones de pesos en 2017.   En el caso de las unidades económicas o empresas en San Luis Potosí, se señala que 3.2 de cada 100 de estas unidades han sido víctimas de corrupción, sin embargo, el estudio señala que el estado potosino se encuentra entre las entidades que presentaron un aumento en casos de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 en conjunto con Ciudad de México y Querétaro.   Sobre las acciones ante actos de corrupción, en la entidad potosina se presenta una queja o denuncia por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos por cada 100 servidores de las administraciones públicas estatales, estando debajo de la media nacional de 2.6 quejas.   Se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016.   En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la media nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.