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Jorge Chessal Palau indicó que en este caso hay varias autoridades que podrían intervenir en la investigación
12:43 jueves 26 octubre, 2017
San LuisSan Luis Potosí, México (26 Octubre 2017).- La denuncia de hechos por la presunta erogación de recursos públicos en el pago de una denominada “nómina secreta” al interior de la Auditoría Superior del Estado podría alcanzar a quienes se vieron beneficiados con estos recursos y se configurarían delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o defraudación fiscal, indicó Jorge Chessal Palau, experto en temas jurídicos. “Estoy hablando que quienes recibieron dinero de estas nómina secreta podrían ser sujetos de investigación por el uso de recursos de procedencia ilícita”. Además, expuso que incluso el hecho de haber distraído recursos para el pago de conceptos que no estaban establecidos en el presupuesto, implica el delito de desviación de recursos. Aclaró que hay varias instancias que podrían intervenir, entre ellas la instancia de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y se determinarían responsabilidades administrativas; la Fiscalía General del Estado a través de la investigación de delitos locales como la desviación de recursos, pero también podrían intervenir la Federación y la Procuraduría General de la República mediante la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Indicó que investigar este tipo de delitos no lleva poco tiempo, por lo que solicitó que se abran las instancias de investigación para que se tome el tiempo la investigación pero se llegue al fondo político, ya que muchas veces por la rapidez con la que se busca dar resultados, se terminan haciendo sentencias mal hechas. Añadió que en estos casos no se puede argumentar desconocimiento de la ley, pues si las personas recibían una remuneración por prestar algún servicio no tendría porque ser una nómina secreta, por otra parte si se recibía el recurso sin prestar actividad alguna es lógico pensar que se tenía conocimiento de la procedencia irregular de los recursos y aún en el caso de que alguno de los beneficiaros recientemente se entere de esta situación y no acuda a regresar el dinero para deslindar responsabilidad, se puede configurar un delito.