Editorial EL UNIVERSAL / La tregua de Donald Trump

El canciller Marcelo Ebrard y su equipo lograron lo que ya muchos daban por tiempo y esfuerzo perdido. Las negociaciones y promesas de endurecer por parte de México su política migratoria surtieron efecto y lograron apaciguar la furia del inquilino de la Casa Blanca. De manera indefinida ha suspendido el gobierno de Donald Trump la aplicación de aranceles comerciales a los productos mexicanos que intentaran comercializarse en Estados Unidos a partir del lunes próximo. Pero no hay que cantar victoria: hasta el día de hoy se mantiene en el horizonte la amenaza de los aranceles a las exportaciones mexicanas hacia EU. Es una batalla en la que tan sólo se consiguió un respiro que no se sabe qué tan breve sea. Se trata de una tregua en una guerra que no hay que dar aún por perdida. Lo que sucedió durante esta semana deja claro que las negociaciones son un buen camino pero hay que tener una mayor capacidad de presión al interior de la economía estadounidense. No es precisamente con marchas como se van a solucionar este tipo de situaciones. Hay que buscar otros actores de presión cuyos intereses se alineen con México, como el del sector de los empresarios estadounidenses que dependen de las mercancías mexicanas. Hay que construir o reforzar esas redes de negocios, pues da la impresión de que Trump puede tomar este tipo de decisiones sin consecuencias para su país, siendo que por el contrario el consumidor y la industria norteamericanos también se van a ver afectados en algún modo. Con ningún otro país se encuentra tan vinculado México como con Estados Unidos. Ni siquiera con alguno de América Latina, con los que compartimos tantas cosas en común como idioma, idiosincracia o problemas similares. Estados Unidos está tan indisolublemente unido a nuestra nación que sólo baste recordar que una buena parte de su territorio en algún momento formó parte del nuestro o que en la actualidad poco más de 30 millones de habitantes en EU mantienen algún tipo de vínculo con México, ya sea familiar o por lo menos cultural. Lo acontecido esta semana tendría que servir de lección para el futuro. Por supuesto que la negociación tiene que darse con el gobierno estadounidense, pero al mismo tiempo buscar alianzas con otros sectores. En el Senado y la Cámara de Representantes hay legisladores que entienden la complementación que han alcanzado las economías de ambos países y por lo tanto se convierten en aliados naturales contra la imposición de aranceles. Estados y ciudades estadounidenses son también otra veta de oportunidad. Texas y California, por ejemplo, tienen en México un importante socio comercial. Trump es el mandatario estadounidense, pero hay otros sectores que fungen como enormes contrapesos. Eso debe aprovecharlo el gobierno mexicano, ahora y en situaciones futuras. OPINIÓN / Carencias y retos de la justicia mexicana ante los feminicidios Es una creencia popular que en algunos estados del país el feminicidio es un crimen que no se ha incluido en su respectivo código penal; es decir, es un mito que se ha difundido a raíz del incremento de crímenes de género y el rechazo de las autoridades para declarar la Alerta de Violencia de Género (mecanismo legislativo empleado para prevenir o disminuir afectaciones a los derechos básicos de las mujeres, así como para garantizar el trato justo e igualitario ante la ley). Lo cierto es que en todo el país existe la figura del feminicidio como un delito castigable; no obstante, hay algunas atenuantes que afectan su aplicación, poniendo en riesgo a las mujeres en su conjunto y en particular a los grupos sociales más vulnerables y marginados (OCNF, 2018). De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (2018), México carece de dos estándares internacionales mínimos para la investigación de los feminicidios. El primero es el de la debida diligencia, la cual es más una descripción que una característica, pues se trata de las responsabilidades de la autoridad: oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y participación de las víctimas; el segundo es la perspectiva de género, que es un tipo de valoración legislativa plural que reconoce las semejanzas y diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus riesgos y oportunidades, dejando de lado los sesgos androcentristas arraigados en juicios morales de las víctimas como vestimenta, forma de actuar, donde se encontraba o la hora en la que sucedió el crimen, etcétera. La debida diligencia se explica a través de la impunidad, de acuerdo con la organización Impunidad Cero en su informe "Sistémica e impune: así es la violencia de género en México" se señala que solamente 11.6% de los delitos por este tipo de violencia llegan a ser conocidos por un juez, dejando 88.4% de crímenes denunciados en el olvido. Mientras que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su "Diagnóstico de Acceso a la Justicia y la Violencia Feminicida" señala que 90% de los feminicidios reportados permanecen exentos de castigos. Es decir, si 11.6% de los delitos mencionados antes fueran todos homicidios, que no lo son, solamente 1.16% habrían sido debidamente resueltos, aunque para ello tengan que pasar seis años, como ha sucedido en algunos casos (Animal Político, 2017). La carencia de la perspectiva de género se puede explicar en que la legislación de al menos 13 estados del país todavía mantienen criterios de sesgo de género para reconocer un crimen como feminicidio, alentando al escarnio público de las afectadas e implicando a las mujeres en su propio crimen, como lo ha demostrado la correctora de Facebook, una página que durante los últimos dos años ha señalado y corregido los titulares de cientos de noticias de los diarios más populares y comunicados oficiales del Estado o de las empresas, exhibiendo la revictimización a la que se enfrentan las mujeres aún después de consumado el feminicidio o los crímenes de violencia de género. Por lo anterior es fundamental que como sociedad nos organicemos para exigir que las autoridades cumplan no solamente con estos principios de impartición mínimos, sino con todos aquellos que ayudarían a mejorar el acceso a la justicia para todos y todas en el país. Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: [email protected]

Frentes Político 1.  Incólumes. El riesgo era tan alto bajo la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, reconoció que 900 mil mexicanos pudieron haber perdido el empleo. México “salió con la dignidad intacta”, dijo. En caso de que los aranceles se hubieran aplicado, hubiese venido un aumento de precios. Zanjada la crisis, reiteró que México brindará asilo a los migrantes. Sin daño alguno en la comitiva negociadora. No así el analista político Antonio Attolini, quien de tan feliz cambió la letra del Himno Nacional para agradecer a Marcelo Ebrard, y en redes ya quieren hasta echarle a la Secretaría de Gobernación. Cada quien lo celebra como puede. 2. Mesura. Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados federales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), descartó que con el envío de seis mil elementos de la recién formada Guardia Nacional a la frontera sur del país se pretenda agredir a los inmigrantes centroamericanos. “No, no va a haber política del garrote, eso no, se va a tener una política que respete la ley y los derechos humanos”, apuntó. “Yo creo que, independientemente de lo que se comprometió con Estados Unidos, sí teníamos que tener una política migratoria diferente a lo que vimos en los últimos meses”. Es momento de generar mejores ideas para reforzar la frontera sur y evitar que se vuelva a caer en una crisis humanitaria, pretexto para los ataques del mandatario estadunidense. Hay un gran perdedor: el Instituto Nacional de Migración. Rebasado. 3. Los tesoros son de todos. La sede del gobierno capitalino, que en pasadas administraciones prohibía el acceso al público, ahora es un museo y desde este fin de semana un espacio para que quinceañeras y novios prestos a casarse se tomen fotografías para el recuerdo. El Antiguo Palacio del Ayuntamiento se construyó por órdenes de Hernán Cortés en 1532 y la escalinata, que sustituyó a la original de cantera, data del siglo pasado: el escenario perfecto. Un marco inigualable, y quien quiera registrarse lo puede hacer por internet. El patrimonio pertenece a todos los mexicanos, otra buena decisión de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Lleva varias. 4. Sin tiempo que perder. El Senado de la República y el gobierno federal acordaron el comienzo del proceso de ratificación del T-MEC, a fin de que el pleno lo concrete en el próximo periodo extraordinario de sesiones, que abrirá el 19 de junio. Las comisiones del Senado citaron para mañana al mediodía a una reunión con funcionarios de las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, a fin de analizar el protocolo que incluye el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como sus seis acuerdos paralelos. Martí Batres, el presidente del Senado, debe echarle ganas, antes de que la bipolaridad de Donald Trump vuelva a presionar con nuevas amenazas. 5. Extintores. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, comentó que “recibimos una Administración Pública Federal en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de remontar los problemas y una falta de organización”. A seis meses de haber iniciado la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha realizado alrededor de 400 inhabilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 656 millones de pesos. “Se han hecho más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas que suman un monto superior a los 657 millones de pesos. Detectar corruptos en este país parece una tarea difícil, aunque no imposible. Vaya chamba. Bitácora del director / Golpes de realidad Hace unas semanas, cuando volvía a casa al final de la jornada, cuál fue mi sorpresa de encontrarme a un hombre acostado frente a la cochera. Al ver las luces del auto, se levantó en sobresalto y comenzó a guardar rápidamente sus cosas. De inmediato, pensé que se trataba de un migrante. —¿De dónde viene?— alcancé a preguntarle, cuando ya se había echado a andar por la calle oscura y desierta a esa hora de la noche. —De Guate. Disculpe, pero ya no encontré lugar en el albergue. Por eso me ve aquí. En 30 años de vivir en la colonia del Valle, nunca había visto algo semejante. Esa zona de la capital está muy alejada de los lugares por los que suelen transitar los migrantes en su paso por el Valle de México. El hombre era uno de los más de 600 mil migrantes —centroamericanos, la mayoría— que han ingresado en territorio nacional este 2019, en un intento desesperado de llegar a Estados Unidos. El éxodo se disparó en el último año y fracción, lo cual coincidió con las promesas que hizo el entonces candidato y luego Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que su gobierno no sólo no impediría la entrada de los migrantes al país, sino los dotaría de visas de trabajo. Luego de dichas declaraciones, cientos de miles cruzaron la frontera de México con Guatemala y se dirigieron hacia el norte en un flujo inusitado. Eso provocó la molestia del presidente Donald Trump, quien, el 26 de marzo, amenazó con cerrar la frontera con México e incrementó su batalla política con la oposición demócrata, que se opone a sus planes de construir un muro fronterizo. Si su postura antiinmigrante lo llevó a la Casa Blanca, Trump está resuelto a usarla para buscar la reelección. Esto fue rechazado por el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que México no negociaría bajo amenaza, sin embargo, México comenzó a dar vuelta en u y a detener a los migrantes. Era un poco tarde, pues las estaciones migratorias pronto estuvieron a reventar y se dieron numerosos casos de amotinamiento y fuga. Así pasaron dos meses. La cifra de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos llegó a la escandalosa cifra de 144 mil en mayo. El jueves 30, Trump elevó sus amenazas y advirtió que, si México no reducía el flujo de migrantes, impondría aranceles extraordinarios a las exportaciones mexicanas. Contra lo que había declarado a fines de marzo, Ebrard llegó a Washington a dialogar con la pistola en la cabeza. A cambio de la no aplicación de aranceles —que debían entrar en vigor hoy lunes—, México aceptó lo que pudo haber hecho desde el principio, sin presión de por medio: aplicar sus leyes migratorias. Abandonando la postura de campaña de convertir al país en “santuario” de migrantes y de otorgar a éstos visas de trabajo, el gobierno admitió desplegar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, y que los resultados de su nueva política sean evaluados —por Washington, desde luego— en 90 días. Además, ahora recibirá a un número mayor de solicitantes de asilo en Estados Unidos, quienes esperarán aquí el resultado de su petición. Eso no obstó para que el presidente López Obrador festejara el sábado en Tijuana el resultado de las conversaciones. Pero si había algo que festejar era el hecho de que México no hubiese sido víctima de las amenazas de Trump —los aranceles habrían afectado gravemente la ya empantanada economía mexicana—, pero eso fue consecuencia de decisiones propias que colocaron al país contra las cuerdas. El episodio ha sido un duro golpe de realidad. Pero pueden venir otros, como ya han advertido las agencias calificadoras.