Editorial EL UNIVERSAL / México y el tráfico de armas Cuando en México se habla de tráfico de armas siempre se mira hacia la frontera norte, por compartir límites con Estados Unidos, donde la venta de armamento es libre para mayores de edad. En territorio estadounidense, en la franja cercana a nuestro país, se estima que hay alrededor de 8 mil 500 armerías (datos de 2017). Ahí bandas del crimen organizado pueden abastecerse fácilmente e introducir de contrabando el armamento. La situación comienza a cambiar y por la frontera sur —desde países centroamericanos— están ingresando pistolas y rifles AK-47 que terminan en la capital del país. De acuerdo con el testimonio de un traficante que hoy presenta EL UNIVERSAL, la ruta que siguen las armas comienza en Nicaragua y entran al país por Quintana Roo o Chiapas para desplazarse por carretera y llegar a la zona de Tepito para su venta ilegal. Según su relato, el armamento viaja a bordo de camiones de carga o de pasajeros en compartimentos de doble fondo. Las autoridades, afirma, reciben sobornos para permitir el libre tránsito de esas unidades. La proliferación de armas en México ha sido el combustible principal para mantener durante más de una década la violencia desatada por grupos de la delincuencia organizada. Sorprende que en 10 años el fenómeno del tráfico de armas prevalezca sin resultados contundentes para erradicarlo. Un análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estima que más de 15 millones de armas están en manos de civiles en México. La organización Small Arms Survey informó el año pasado que en el país hay alrededor de 16 millones 800 mil armas, de las cuales 85% son ilícitas. ¿Qué caso tiene la prohibición establecida en la ley si la realidad es diferente? Desde el gobierno federal se asegura que el despliegue de agentes de Estados Unidos en los límites con México para frenar el flujo de migrantes obligó a bandas criminales a abrir nuevas rutas para el ingreso de armas a México.  Preocupa que el ingreso de armas florezca ahora por ambas fronteras sin que se tenga conocimiento de una estrategia específica para disminuir el fenómeno. Se exige a Estados Unidos contener el tráfico, pero las dependencias mexicanas también tienen que reconocer su responsabilidad en ello, por omisión o incapacidad. Corresponde a la autoridad indagar los dichos del traficante que detalla el contrabando de armas desde Centroamérica. En ellos hay datos, rutas y graves señalamientos contra elementos de seguridad. Es una línea que tendría que investigarse, si hay voluntad para terminar con el problema. 17 de Septiembre de 2019

1.  El amiguismo como bandera. El desvío de recursos y los malos manejos financieros encontrados por el gobierno federal comienzan a tener nombre y apellido. Se han detectado irregularidades y corrupción a costa del sector salud. Está confirmado que Lourdes Motta, expresidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, tiene denuncias penales en su contra. Habría aprovechado el cargo para interceder en la asignación de contratos a empresas farmacéuticas, cabildeando en nombre de una de las asociaciones médicas más grandes del país y, en consecuencia, mellando su prestigio. Se le acusa de conflicto de interés e irregularidades en la administración de recursos. Ella se cree a salvo. Creció en esa generación convencida de que los padrinazgos políticos te llevan a la cima y presume el respaldo de Pablo Kuri, exsubsecretario de Salud, y José Ramón Cossío, exministro de la SCJN. No lo sabe, pero el influyentismo caducó meses atrás. Ya lo entenderá. 2. Fábula triste. Una historia de flaqueza se escribe en el terruño del gobernador Enrique Alfaro. Un sujeto ingería bebidas embriagantes en la vía pública y fue sorprendido por las autoridades de Poncitlán, Jalisco, quienes lo remitieron a prisión. Apenas arribando, el hombre forcejea con uno de los custodios, le arrebata el rifle de cargo, dispara y mata a Rosario Cervantes, la oficial encargada del centro carcelario. Pablo Francisco “N”, de aproximadamente 18 años de edad, fue sometido por haber cometido una falta administrativa. Ahora es un homicida en fuga. Y para que les duela a las autoridades del estado, se les escapó de la comisaría con todo y arma de alto poder. ¿Si no pueden con un borracho, cómo les pedimos acabar con los criminales? 3. Oso patrio. Qué endeble se vio Jaime Soto Jarillo, presidente municipal de Mineral del Monte, en Hidalgo. En plena ceremonia del Grito de Independencia se le cayó la bandera nacional. Los hechos quedaron registrados en videos de quienes acudieron al pueblo mágico a presenciar la ceremonia cívica. En el balcón de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario gritó los tradicionales ¡viva!, hizo repicar las campanas y, al momento de ondear el lábaro patrio, éste cayó desde lo alto. Sus colaboradores intentaron cubrirlo emitiendo el Himno Nacional y los fuegos pirotécnicos hubieron de adelantarse en defensa del funcionario. No debe estar tranquilo. En el pasado, las afrentas a los símbolos patrios se pagaban. Saltar a la fama así... no es de Dios. 4. Riesgo latente. Llegó el momento de abrir bien los ojos ante un fenómeno creciente. Una sentencia de amparo ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres decretar, en un plazo de 10 días hábiles, la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, secretario del Juzgado Tercero, en funciones de juez, concluyó que para la alerta es imperativa la coordinación con los tres niveles de gobierno. “La autoridad responsable debe declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres solicitada, tomando en cuenta que es un mecanismo de emergencia, por tanto, las acciones que se implementen no deben confundirse con las políticas públicas”. El feminicidio va al alza. No lo debemos permitir. 5. A la mala. Para demostrar la fuerza con la que defienden sus derechos los guerrerenses, volvieron a secuestrar a un funcionario. Habitantes de la región de la Montaña mantienen retenido desde hace cinco días al subdelegado regional del gobierno federal, Julio Lázaro Bazán, y advirtieron que no lo liberarán hasta que se entregue el fertilizante suficiente para los campesinos. Al menos se encuentra bien de salud, preso en el área deportiva de una escuela primaria de Tlatlauquitepec. Sobre el caso, el gobernador, Héctor Astudillo, señaló que el conflicto se originó porque el funcionario se presentó con 500 vales para fertilizantes que pretendía entregar a más de tres mil campesinos. Haiga sido como haiga sido, ¿no lo va a rescatar?