Editorial EL UNIVERSAL / La carta olvidada: la omisión de la Secretaría de la Función Pública En los 36 años de neoliberalismo, según la peculiar y equivocada visión del Presidente AMLO, el régimen de responsabilidades evolucionó en forma significativa, especialmente, en el otorgamiento de la autonomía a los órganos de control interno y la eliminación de la discrecionalidad para determinar que sí y que no se investiga. Actualmente el nombramiento del responsable de esta materia en el Ejecutivo Federal, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), debe ser ratificado por el Senado de la República por una mayoría calificada de las dos terceras partes de los presentes. Además, las autoridades investigadoras de faltas administrativas tienen facultades para iniciar de oficio una auditoría o indagación, sin que haya una denuncia formal, de cualquier acto que conozcan de los servidores públicos o particulares relacionados con la gestión pública que pudieran ser constitutivos de faltas administrativas, graves o no graves. En las leyes de la materia, se dispone que deberán, ante posibles actos sancionables, registrar el mismo día el hecho como queja en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) e iniciar el procedimiento de investigación en tres días para determinar las líneas de investigación y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, publicado el 25 de abril de 2016, establecen que el presunto responsable, sin importar el nivel jerárquico, puede ser mandado a declarar por oficio o en persona por la autoridad investigadora, que determinará, mediante el informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) si existen elementos para que se instruya un proceso de responsabilidades y comunicará esta circunstancia a la autoridad sustanciadora calificando la falta de grave o no grave. También, podrá determinar que faltan elementos y mandar a archivo o reconocer la existencia de falta y abstenerse de castigar bajo los supuestos específicos que señala la ley. Desde 1982, la investigación de las faltas administrativas no debe quedar al arbitrio del presunto responsable, ni es jurídicamente correcto que el jefe o el titular de la dependencia o entidad involucradas en los hechos ordenen a los órganos internos de control no indagar. En estos 36 años, también se distinguió entre falta grave y no grave y para la primera se estableció como tiempo de prescripción siete años, es decir, más de lo que dura el gobierno que eventualmente pudiera cometer faltas administrativas. Eso es uno de los logros en el fortalecimiento de la estrategia contra la impunidad por motivos políticos. Por la tanto, si la SFP o los órganos internos de control competentes en la investigación, que debiera aperturarse por las afirmaciones del exsecretario de hacienda expresadas en su carta renuncia, sino han radicado la investigación y sufren de olvido selectivo inducido por las declaraciones presidenciales, incurren en omisión que puede llegar a ser causal de responsabilidad. Lo correcto es radicar la denuncia ante la posibilidad que haya una actuación bajo conflicto de interés o tráfico de influencias y llevarla hasta sus últimas consecuencias, que no necesariamente son sancionatorias. La negativa de investigar de la Dra. Sandoval las conductas denunciadas que pueden ser faltas graves es un flagrante incumplimiento a su deber jurídico como titular de la SFP, ratificada por el Senado, ante el que protestó cumplir y hacer cumplir la ley. La conducta sancionable, en este tipo de caso, pudiera ser la obstrucción de la justicia, que consistente en “no iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro de un plazo de 30 días, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa…” El hecho de que el Presidente en la mañanera haya ordenado no investigar, porque no hay elementos (según él) es violatorio del Estado de derecho, ya que su poder, por muy democrático que sea por las mayorías “abrumadoras” que lo apoyaron en las urnas, debe estar sometido en su ejercicio a los dispuesto por la ley. El Poder Ejecutivo NO es autoridad investigadora de faltas administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por lo tanto, no debe intervenir. El despropósito jurídico es de tal magnitud que equivaldría a que Trump hubiera ordenado al fiscal autónomo no investigar la supuesta intervención rusa en las elecciones del 2016. La SFP debe ser autónoma para el ejercicio de sus facultades de investigación de presuntas responsabilidades. Lo contrario sería un retorno del autoritarismo setentero. ¿Eso ya lo habrá entendido el nuevo gobierno? Porque pareciera que no alcanzan a ver con claridad las consecuencias de negarse a investigar la denuncia concreta y puntual de Urzúa, quién para evitar ser sancionado, hizo del conocimiento de su exjefe las anomalías que le constaban. Además, amplió y precisó su denuncia en la Revista Proceso. No es tan fácil mandar al olvido la carta renuncia como lo era antes de 1982. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I [email protected]

Facebook.com/cmatutegonzalez

Twitter @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.com.mx OPINIÓN / Injustificable, la desaparición de las estancias infantiles Transformar al país es una de las tareas de política pública más complejas para cualquier Estado democrático, las cuales deben encontrarse sustentadas bajo evidencia estadística que permita evaluar su impacto y tomar las mejores decisiones para los mexicanos. Por lo tanto, las prácticas demagógicas en la toma de decisiones de política pública, resultan un grave peligro para cualquier sociedad. Durante los últimos años, las diversas fuerzas políticas han sido las arquitectas de un importante andamiaje institucional que ha favorecido el desarrollo democrático, la pluralidad política y una serie de recursos jurídicos a favor de los mexicanos, no sólo desde el ámbito legislativo, sino también en la construcción de la política pública. Por ello, hoy en día no solo es incomprensible, sino injustificable la eliminación de las estancias infantiles en un gran parte del territorio nacional, bajo el argumento de supuestos actos de corrupción, de los cuales ni la Secretaría de Bienestar, ni el propio DIF tienen información constatable; tampoco es justificable la aplicación de medidas de austeridad en un programa que ha resultado benéfico para miles de madres trabajadoras. Es importante señalar que a partir de la eliminación de este programa social, se eliminó el subsidio de 950 pesos mensuales que el gobierno federal le otorgaba a las estancias infantiles por cada niño, lo cual significa también un duro golpe para el personal que labora al interior de las estancias, en un momento donde la economía mexicana requiere cuidar de los puestos de trabajo ya existentes y no aplicar medidas presupuestarias en su detrimento. A partir de lo anterior, cientos de estancias infantiles en todo el país han interpuesto amparos y poco a poco han logrado comprobar que no existe ningún índice de corrupción o desvío de recursos en el manejo de los subsidios. De ahí que muchos juzgados de distrito en distintos estados, han otorgado la suspensión definitiva a favor de las administradoras de estancias infantiles y se ha obligado al gobierno federal a restituir la entrega del subsidio para los hijos de las madres trabajadoras. Sin duda, se trata de una gran victoria desde la vía judicial no sólo para las administradoras, sino también para la sociedad. Con la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles, el gobierno ha dejado inobservable el principio del interés superior de la niñez que se encuentra en el artículo 4o. constitucional, bajo el cual se deberían regir las decisiones del Estado mexicano; pero también ha dejado inoperables los esfuerzos históricos y permanentes que ha realizado el Congreso de la Unión, por armonizar el derecho nacional y el internacional para lograr que los niños y jóvenes se encuentren protegidos ante los riegos sociales y económicos que existen en este mundo dinámico y complejo, anteponiendo el interés superior de la niñez a cualquier acto de carácter político. Desde el Senado Mexicano, hemos emprendido una tenaz lucha a favor de las estancias infantiles, es decir, una lucha porque las niñas y niños cuenten con instrumentos cercanos y a su alcance para su desarrollo personal, no sólo en su cuidado, sino también los aspectos más básicos de su integridad como: la salud, la educación, la recreación y el bienestar. Y es que, no cabe duda, que apostar por una juventud sana y fuerte es asegurar también el futuro de nuestro país y la solidez de la familia mexicana. Senador de la República. @manuelanorve

El fantasma de Urzúa y el Bronx de Morena No fue de terciopelo la ratificación de Arturo Herrera como secretario de Hacienda. El fantasma de Carlos Urzúa y sus críticos señalamientos sobre decisiones de política económicas sin sustento que se han tomado en Palacio Nacional planearon en el salón de sesiones de San Lázaro. La intolerancia hizo su aparición en el Bronx de Morena cuando los diputados del PAN ocuparon la tribuna y levantaron pancartas en las que se leía #NoCrisis. En el micrófono hablaba en contra de la ratificación el panista Carlos Valenzuela González. Discurso provocador que calentó a la bancada guinda que, en su turno, también ocupó la tribuna. “Regresamos a los tiempos oscuros de México; a los de Echeverría, López Portillo. Tras bambalinas, el teatro de la 4T”, sostuvo Valenzuela. “A diferencia de lo que dice el Presidente, no todo sale requetebién”, puntualizó. El perredista Antonio Ortega lo precedió en las críticas al gobierno y a AMLO. “No hay políticas públicas sólidas. Las decisiones se toman al aire, sin escuchar la opinión de los expertos. Se utiliza la expresión fácil de ‘yo tengo otros datos’ para rebatir los indicadores que no les favorecen”, subrayó. La palabra “recesión” fue parte de los discursos opositores. Nada que ver con el optimismo de los morenos, que presumían en tribuna un peso fuerte, la desaparición de los gasolinazos, el no endeudamiento, la producción de petróleo en recuperación y la ausencia de impuestos. “Vamos por el camino correcto”, sintetizó el diputado Marco Antonio Andrade Zavala. La votación fue holgada para Herrera, a quien los opositores dejaron claro que no cuestionaban sus méritos, sino el rumbo económico del país. Se emitieron 371 votos a favor de Morena, PT, PES, PVEM y el PRI, que va que vuela para partido satélite. Los votos en contra fueron del PAN, el PRD y dos ¡morenistas!, 74 en total. Se registraron dos abstenciones también de Morena.   *Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural de la Cámara de Diputados, es uno de los morenistas que votó en contra. Lorena Jiménez, de Jalisco, es la otra. “No vine aquí a alzar el dedo”, nos dijo Rodríguez, un hombre de aspecto campirano y acento norteño. Eraclio comparte las razones por las que votó en contra de la ratificación. No está de acuerdo con el desmantelamiento de las instituciones. Ya encarrerado, no escondió su malestar por lo que ocurre con los productores. Calcula en 35 mil millones de pesos el recurso, etiquetado en el Presupuesto, que la 4T no ha bajado al campo. Está preocupado. Dice que el dinero de las “entregas directas” a los campesinos, del que habla López Obrador, ya casi se acaba. “Les quedan como cinco mil millones”, asevera. Ni él ni los productores inconformes piden “un cinco” para ellos o alguna organización. Es para infraestructura pública. Está en el Presupuesto de este año”, subraya. Y advierte: “Es grave que pongamos en riesgo la salud pública y a la exportación de productos. Sería una catástrofe”. Le recordamos que AMLO ya mandó un mensaje a los productores que tomaron casetas o bloquearon carreteras. “Ahórrense el tiempo”, les dijo. No habrá marcha atrás en la decisión de las entregas directas del recurso. “Que el Presidente no se preocupe por nosotros, si nos cansamos o no. Que se preocupe por él. Finalmente, es el responsable de lo que pase en este país. “Quiero ayudarle. Estoy comprometido con él. Por eso le marco los errores que lo llevan por una vereda, pudiendo ir por la autopista”, remata.   *A Benjamín Robles, del PT, no le gustó que la oposición ironizara con el “yo tengo otros datos” de YSQ. Dijo que la derecha y la “fallida comentocracia” son los que tienen sus propios datos. Segundos después vino el lapsus. El ideólogo del petismo dio sus propios datos: Sostuvo que a AMLO lo apoyan 60 millones de mexicanos –el doble de los que lo votaron—. Como fuente citó “las encuestas”. De naturaleza política / Olga, tardía y medrosa reacción… Sólo después que la Permanente rechazó de manera unánime el ilegal y antidemocrático albazo legislativo orientado a ampliar de dos a cinco años el periodo de vigencia de la próxima administración estatal en Baja California, ¡ocho días después!, la responsable de la gobernabilidad y la política interior del país decidió, finalmente, pronunciarse sobre el asunto. Ayer, efectivamente, luego de mantenerse a la expectativa —“es lo de hoy”, recordaría alguien— la cada vez más cuestionada y, al parecer, menos tomada en cuenta secretaria fifí Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, se atrevió a calificar como inconstitucional la agraviante reforma aunque, vale aclarar, lo hizo sólo en cuanto que exministro en retiro y no, como si tal disociación fuera posible, como titular de la otrora más importante cartera del gabinete presidencial. Más aún, lo hizo no sin dejar a salvo que por haber sido aprobada “en forma (casi) unánime, la reforma era válida” y, claro, explicitando que corresponde a los otros dos poderes, al Senado y a la Suprema Corte en especial, promover uno y decidir otro sobre la constitucionalidad… lo que, otra vez, no hizo sino alentar suspicacias de que, al menos en forma implícita, la maniobra para ampliar la estadía en el cargo del lopezobradorista Jaime Bonilla Valdez, el ahora popular bonillazo, no sólo fue conocido antes de implementarse, sino que, incluso, gozó de la anuencia de los más altos niveles del partido en el poder y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pobre, tardía reacción ésta, pues, de la titular de Gobernación que, al margen de consideraciones de otra índole, abona a acrecentar versiones existentes prácticamente desde su nominación —y alentadas, por cierto, desde el interior del lopezobradorismo—, según las cuales sus días al frente de la dependencia se encuentran contados o, si se prefiere, que cada día que pasa buena parte de sus funciones son asumidas por otros funcionarios “más morenos y más avezados en la operación política del día a día”… …algo que en su momento se comentó y/o especuló respecto de otros personajes del actual gobierno que, en un par de casos al menos —Germán Martínez Cázares y más recientemente Carlos Manuel Urzúa Macías— que, por dignidad y congruencia, dirían ambos, acabaron dejando la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno, y la titularidad de Hacienda y Crédito Público, el segundo. Cuidado…   ASTERISCOS  * “Evita decir yo tengo otros datos, ¡Mejor, prepárate!; no confundas vaquitas marinas con amarillas… ¿Ya te cansaste del ganso?… No le eches la culpa al pasado, ocúpate en el presente… o ¿quién prefieres que gobierne?: un stripper, un político, un futbolista”… son algunas de las sugerentes frases que, vía redes, usa la Escuela (priista) de Cuadros del PRI, que preside Paul Ospital, para convocar a su próximo cursillo. Ocurrentes y atinadas, diría yo…   * Al cierre del periodo enero-junio, en Nuevo León, el municipio de Guadalupe, que encabeza la priista Cristina Díaz Salazar, se mantiene como el segundo con mejor registro en lo que a hogares-víctima o con algún integrante víctima de robo (en calle, vivienda o de auto) y/o extorsión se refiere, superado sólo por San Pedro…  Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.         Twitter: EnriqueArandaP