Editorial EL UNIVERSAL / Los sofistas de la 4T

Un sofisma es un raciocinio vicioso carente de consecuencia lógica. Se trata de un argumento falaz con el que se pretende defender algo falso y confundir al adversario. En la antigüedad los sofismas se pusieron de moda, pues los sofistas se apoderaron de la atmósfera política y filosófica de Grecia. Se dedicaron durante años a engañar a ingenuos hasta que Sócrates, Platón y Aristóteles los desenmascararon como impostores. Ahora en México aparecieron sofistas para confundir y generar desasosiego social. Uno de los sofistas del régimen es el diputado Martí Batres. Saltó a la palestra política para defender el memorándum del presidente López Obrador dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda y Crédito Público; orden presidencial que se ha convertido en muestra antológica del descuido jurídico del gobierno. Según el presidente, el memorándum está apoyado “en las facultades que me confiere el cargo que detento”. Ninguna fundamentación ni motivación. No se tomó en cuenta el texto constitucional, ni la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la historia constitucional del país. El memo contiene la orden a sus subordinados: “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa”. En pocas palabras, una instrucción para violar la Constitución. Batres, como si fuera vocero del presidente y no integrante de otro poder, el Legislativo, defiende a AMLO: la única manera de determinar la anticonstitucionalidad de un acto es a través de una declaración judicial, lo que es parcialmente cierto, pues efectivamente los jueces federales pueden declarar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, pero no todos los actos inconstitucionales tienen que ser declarados con tal carácter por la autoridad judicial. Es tanto como creer que una violación no existe a menos que el violador sea sometido a un proceso penal por el delito cometido. Batres utiliza en su sofisma las categorías filosóficas a priori y a posteriori. Supongo que Batres pretendió decir que mientras sea a priori se puede ir en contra de la Constitución. Ya a posteriori, la Suprema Corte, me imagino piensa, declarará si fue o no constitucional la ocurrencia presidencial. No funciona así. La Constitución crea a los poderes del Estado, incluyendo al Presidente. La Constitución delimita sus funciones. Regula la división de poderes y señala cuáles son las competencias de los órganos del Estado y no al revés. Ni a priori ni a posteriori, el respeto a la Constitución es una obligación ineludible del Presidente. No es él quien determina cuándo se aplica o deja de aplicarse la Constitución, ni siquiera está facultado para declarar lo que es justo o injusto. La atribución personal de declarar la justicia fue propia, hace siglos, de los soberanos antes de Montesquieu y la división de poderes. El presidente solo puede hacer lo que la Constitución le permite: promulgar leyes que expida el Congreso, ejecutar dichas leyes y ejercer la facultad reglamentaria. Puede legislar en situaciones de emergencia, previa suspensión de los derechos y garantías individuales. Igualmente en los tratados internacionales cuando decida denunciar un tratado, pero nada más. El memorándum del presidente sitúa a los funcionarios a los que va dirigido en un grave dilema: si cumplen con la instrucción violan la Constitución y son responsables jurídica y políticamente; si no le hacen caso, al incumplir la orden presidencial merecerían ser cesados; si hacen, lo que parece ser que harán, es decir obedecer pero no cumplir, se sumarán a una práctica deleznable que ha hecho a los funcionarios públicos del país lamentablemente merecer el desprecio popular. El presidente no puede, por más sofismas que se les ocurran a sus defensores para justificar sus actos, ordenar que se viole la Constitución. Por la salud de la República este tropiezo debe enmendarse. Así no se puede transformar el país. OPINIÓN / La irresponsabilidad política y el terror de Minatitlán

Se ha relatado una escena de terror. Se intentó describir lo indescriptible y de ponerle nombre a lo innombrable. Sicarios que entran a un lugar y arrasan a balazos con todos los presentes, incluso, un bebe de un año; al que, según un testigo que sobrevivió, sin piedad, los sicarios lo remataron con un tiro. Torturas psicológicas que consistían en hacer que unos vieran cómo otros eran ejecutados con sus armas largas. 20 minutos parecieron una eternidad. 14 personas asesinadas y, al tiempo, ningún detenido. Todos coincidimos en que lo que sucedió se encuentra fuera de los límites de lo creíble, de lo aceptable; son eventos que no deberían de existir. Pero las reacciones de nuestras autoridades no han sido mucho mejor. Ante la calamidad, han sobrado las descalificaciones de un poder a otro, de un nivel de gobierno a otro, de un funcionario a otro; unos se deshacen de responsabilidades, se levantan sorpresas, se levantan dedos y se señalan culpables. Dentro de todo esto, lo más sorprendente es, sin duda, que esos dedos no encuentren culpables en las calles ni en las guaridas, sino en otros colaboradores y en otros funcionarios. Lo que esperamos todos los ciudadanos no es la búsqueda de quién tiene facultades para qué o para qué no, lo que se quiere y lo que se espera es: justicia. Una justicia basada en la ley, no en la voluntad de unos cuantos. Justicia como respuesta de un estado y sus instituciones. Se esperan resultados, procesos judiciales, investigaciones criminales bien encaminadas y autoridades que muestren su experiencia e inteligencia. Sin lugar a dudas, la base de cualquier sistema democrático es la discordia, el disenso, el debate, la discusión y que, como conclusión, traigan el acuerdo y el consenso. No hay democracia que valga, ni sistema político moderno que sirva, sin estos elementos. Sin embargo, no se espera discordia, disenso y rencillas entre los miembros de un mismo gobierno o entre las autoridades de distintas instituciones. Entre ellos, se espera coordinación, se esperan acuerdos, unidad, planeación, pero, sobre todo, resultados. Éstos son elementos que alimentan a uno de los valores jurídicos y políticos más importantes: la certeza y la seguridad. Sin certeza ni seguridad, estamos a expensas de las caprichosas voluntades de los gobernantes. Un Estado de Derecho, el más incipiente de ellos, lo primero que ofrece es certeza y seguridad jurídica. Cuando suceden eventos de esta magnitud, lo que espera la ciudadanía es una respuesta seria y coordinada de todas las autoridades responsables. No podemos soportar más pleitos ni discordias como las que se han dado entre el titular del poder ejecutivo estatal y el fiscal general. Politizar el crimen es tan peligroso como el crimen en sí mismo. Cuando las tendencias políticas resultan ser más relevantes que dar respuesta a la ciudadanía, combatir la impunidad y atrapar responsables, el único bando que gana es el criminal. La sociedad, no merece esto. La justicia no es gracia divina, sino es el resultado de un trabajo institucional el cual está en sus manos: háganlo. La ley es clara y los facultados por ella están jurídicamente bien determinados, ojalá y pronto piensen que es más importante responder a la sociedad y resolver esta clase de calamidades que estarse limpiando las responsabilidades volteando a ver a unos, mientras esos miran a otros.

Frentes Políticos 1. Del dicho al hecho. Para Alejandro Armenta, después de pactar con Luis Miguel Barbosa y Ricardo Monreal, hay poco trecho. En sesión pública, magistradas y magistrados fueron notificados formalmente del desistimiento del senador por Morena, Armenta, de las impugnaciones contra la candidatura de Barbosa a la gubernatura de Puebla, y ordenaron archivar el expediente. La Sala Superior del TEPJF recibió el desistimiento del senador de las dos impugnaciones que interpuso, con lo que se ordenó archivar el expediente como asunto concluido. Ahora, el tiempo dirá si es la recomposición de las confianzas perdidas, pues hay voces que le piden a Barbosa tener cuidado y no confiarse. Esas malas lenguas que nunca paran. 2. Mucho ruido. Marcelo Ebrard, canciller mexicano, reveló que en los últimos años se han presentado cerca de 18 incidentes menores en la frontera con los Estados Unidos. Previamente, la SRE aclaró que “este tipo de incidentes son comunes, toda vez que se trata de una verificación de patrullaje ordinario, sin consecuencias para ambos gobiernos, quienes mantienen comunicación permanente y fluida”. Esto, en relación con el malentendido sucedido en un punto de la frontera en el que se pierde la noción de a qué lado pertenece, en el que se habrían encontrado soldados de EU que fueron encañonados por efectivos mexicanos. El canciller precisó que hay zonas en la frontera donde puede haber confusión en cuanto a límites territoriales. Para ello se cuenta con un protocolo que en todo momento privilegia la solución del conflicto, para evitar el mínimo enfrentamiento. Ojo: diplomacia bien aceitada, o esto se sale de control. 3. Nuevo modelo. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, anunció que el Civismo y Humanismo serán materias que regirán la matrícula de la Nueva Escuela Mexicana. De acuerdo con el funcionario, el objetivo del gobierno federal es impartir una educación integral para tener una sociedad en armonía y un tejido social sano. Es decir, atacar el tema desde la raíz. Al conmemorar el 186 Aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el homenaje a Valentín Gómez Farías, el titular de la SEP recordó que, durante su gestión como presidente interino de México, Gómez Farías estableció decretos muy importantes con el propósito de permitir la libertad de pensamiento y expresión. Habremos entonces de retomar el ejemplo. Urgen mejores mexicanos, ya.  4. Uno por uno. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió comprensión a los ciudadanos al haber autorizado seguridad para los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Dio a conocer que, al guanajuatense, luego del supuesto incidente reportado en su rancho, se le asignaron 8 elementos militares, sin embargo, ayer, el número se redujo a 5; y en el caso de Calderón, quien le envió una carta solicitándole restablecer su equipo de seguridad, cuenta con 12 elementos. “Yo quisiera proteger a todos los mexicanos y hacia allá vamos, a que todo mundo tenga protección, pero sí les pido que nos comprendan en estos casos, es lo mínimo”, dijo. Aligerar el camino de tensiones innecesarias es tarea de todos. Hasta de Fox y Calderón. Comprensión. Uno por uno. 5. Desastre. De por sí no iba nada bien en la campaña, y ahora Enrique Cárdenas, candidato al gobierno de Puebla por el PAN, Movimiento Ciudadano y, hasta ayer, PRD, sufre una baja dolorosa. “En el PRD estatal no hay pies ni cabeza en este proceso electoral, el candidato Cárdenas no tiene ninguna posibilidad, por eso decidimos mantenernos al margen”, afirmó Rodrigo Rodríguez Arellano, consejero estatal del PRD. Aseveró que ven un candidato que no sube nada en la campaña porque es desconocido, y “por eso hemos decidido no participar en este proceso electoral”. Comentó que a pesar de que Cárdenas hubiera sido un buen perfil, no ha habido un acercamiento, no hay apoyo real a la campaña y todo parece perdido desde ahora. Malos augurios para el candidato que nunca cuajó.  

Bitácora del director / Contra el crimen, a ciegas

Durante una visita que hice a Singapur, hace años, dije a mi anfitrión que me causaba curiosidad no habernos cruzado con ninguna patrulla y haber visto a muy pocos policías en las calles. “No necesitan que estén visibles”, me explicó. Yo sabía que esa ciudad-Estado era uno de los lugares con mayor seguridad pública en el mundo. En el reporte más reciente de la policía local, publicado en febrero pasado, se afirma que 94% de los habitantes del país se sienten seguros. La clave, explicó mi interlocutor, es la aplicación estricta de la ley en Singapur… y el uso de cámaras de seguridad y otros medios electrónicos de vigilancia. Hay 2 millones de cámaras de videovigilancia instaladas en el país asiático, casi una por cada dos singapurenses. No tuve ocasión de comprobarlo, pero dicen que si alguien se para unos 15 minutos en una esquina de la ciudad, llegarán policías a preguntar qué hace ahí. Por eso no necesitan que las patrullas estén circulando, consumiendo combustible y complicando el tránsito. Otros países, como Reino Unido, también han incrementado sus medios de vigilancia electrónica. Se dice que hay entre 4 millones y 5.9 millones de cámaras instaladas a lo largo del país. Gracias a estos aparatos se han podido prevenir actos terroristas en diferentes ciudades. Y cuando éstos han ocurrido, las posibilidades de detener rápidamente a los responsables aumentan. En los recientes bombazos en Sri Lanka –donde hubo evidentes fallas de inteligencia–, las cámaras permitieron obtener imágenes de los responsables y dar con personas que presuntamente participaron en la preparación de los atentados. La imagen de un terrorista con una mochila en la espalda, en su camino a la iglesia de San Sebastián, en Negombo, Sri Lanka, ha dado la vuelta al mundo. En México, en cambio, estamos en pañales en el uso de esa tecnología. Y muchas veces no es porque no se haya invertido en ella, sino porque el equipo instalado es obsoleto o no funciona o ha sido robado por delincuentes que no quieren ser vigilados. Es increíble que no tengamos imágenes de los sicarios que atacaron a los asistentes a una fiesta de cumpleaños en Minatitlán, causando la muerte a 13 personas, ni de los asesinos del muralista huasteco Héctor Domínguez y sus familiares. En la ciudad veracruzana, apenas 19 de las 202 cámaras instaladas funcionan. Mientras en Singapur hay una cámara por cada dos personas, en Minatitlán hay una por cada 8 mil 200. En el caso de los homicidios en la casa de la familia Domínguez, el fiscal potosino Federico Garza Herrera me dijo ayer en entrevista para Imagen Radio que en esa zona de Ciudad Valles no hay cámaras y que la que queda más cerca del sitio del crimen no está en funcionamiento. Mientras el país batalla por encontrar un modelo de seguridad que le permita salir de la ola criminal que lo azota, muy pocas veces aparece en la discusión el tema del uso de la tecnología para prevenir e investigar los delitos. Es cierto que habría que encontrar el presupuesto para instalar cámaras en todo el país, pero debería tomarse en cuenta que esta tecnología puede resultar más barata que contratar policías. Además, la mayor parte de las veces que trascienden imágenes de actos delincuenciales, las cámaras que las grabaron son de particulares. ¿A nadie se la ha ocurrido conectar todas esas cámaras privadas a un centro de monitoreo policiaco?