Editorial EL UNIVERSAL / Revés del Tribunal Electoral a los duros de Morena

Lo que no fueron capaces de entender y escuchar los grupos de Morena, cuando el presidente López Obrador les dio “línea” en forma de la “sugerencia” de que se dejaran de procesos internos que los dividían y confrontaban y que eligieran a su dirigente nacional a través del método de las encuestas, lo entendieron y acataron mucho más rápido y claro los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ayer, por mayoría, anularon la elección interna y los Congresos y Asambleas del partido gobernante, ante la “falta de certeza en su padrón nacional y la exclusión de militantes”. Y aunque el Tribunal no lo dijo, en su fallo que invalida el cuestionado proceso interno en el que se registraron denuncias de irregularidades, rasuramiento de militantes, robos de urnas e incluso balaceras, los magistrados electorales dejan implícito que al final Morena tendrá que recurrir al método de las encuestas para elegir a su dirigente nacional, tal y como lo había “recomendado” desde hace dos meses, el 29 de agosto pasado, el presidente López Obrador, que ya desde entonces alertaba que una elección interna terminaría dividiendo y confrontando a su partido y desatando denuncias y descalificaciones, como las que ayer llevaron al máximo tribunal electoral a cancelar las polémicas votaciones morenistas. Pero en una muestra de lo tensas y complicadas que están las cosas en Morena, donde los grupos más duros desafiaron incluso al presidente López Obrador e impusieron un proceso estatutario que sólo apoyaba la facción más radical que apoyaba a Bertha Luján, en contra de la opinión de los otros tres aspirantes como Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Durán que exigían la aplicación del método de las encuestas, ayer precisamente el ala dura morenista intentó presionar e intimidar a los magistrados federales y, a pesar de que los fallos del TEPJF son inatacables, se lanzaron duramente contra la sentencia de los juzgadores electorales. Fue precisamente Bertha Luján quien encabezó un grupo de más de 20 personas que acudieron a la sesión del Tribunal y que, con desplegados y una presencia amenazante, acusaron al Tribunal de intervenir en “la vida interna de Morena” y de pretender decidir por los militantes de su partido. Pero lo más grave ocurrió cuando, por mayoría, los magistrados anunciaron su decisión de cancelar las votaciones internas morenistas, porque en ese momento el ala más dura del morenismo estalló en contra de la máxima institución electoral del país y también en contra de sus compañeros de partido que promovieron el recurso que dio pie a esa anulación: “La historia los va a juzgar y vamos a empezar por investigar su situación patrimonial, porque ahí es donde están las ganancias que reciben por este tipo de actitudes”, dijo Bertha Luján entre gritos de “¡bravo, bravo!” de sus seguidores que llamaban “traidores” a los siete magistrados electorales a los que la presidenta del Consejo Nacional de Morena no sólo acusaba de recibir sobornos a cambio de su fallo, sino que desconocía la autoridad y constitución del Tribunal sobre los partidos políticos y llamaba a “levantar las banderas de la autonomía y la independencia de Morena”. Era tal la molestia de doña Bertha, que se opone férreamente al método de las encuestas, que después de amenazar y acusar de corruptos a los magistrados, arremetió también contra sus correligionarios de Morena a los que, sin identificar por nombre o apellido, llamó “traidores a la democracia, traidores a la 4T y traidores a la Patria” por haber impugnado su proceso interno. “Hay gente de Morena que está metida aquí y le está haciendo el caldo gordo a esta gente y no digamos a los adversarios de Morena”, sentenció Bertha Luján. Veremos si doña Bertha y el ala radical que ella representa en Morena, le pone nombre y apellido a esos “traidores” a su partido y a la 4T, pero por lo pronto está claro que el partido gobernante empieza a crujir y que soplan vientos de fractura. Si el morenismo logra sobrevivir a esta crisis y si antes el Presidente no cumple su amenaza de irse, abandonarlos y hasta quitarles el nombre, está claro que aquel gran movimiento que acompaño y llevó a la presidencia a López Obrador, se va a dividir en por lo menos dos grandes bloques ¿quién se queda con la marca y quién se va? NOTAS INDISCRETAS… Y a propósito de cómo repercuten las divisiones y las pugnas de Morena en los asuntos del país, ayer de manera inexplicable Mario Delgado entró en choque con Ricardo Monreal por el tema de los “autos chocolate” y aunque se supone que los dos coordinadores parlamentarios juegan del mismo lado y han hecho una alianza de la que es parte también el canciller Marcelo Ebrard, la confrontación en este tema fue tan fuerte que Delgado modificó la minuta de la Ley de Ingresos que le envío el Senado y volvió a incluir la reserva que abre la puerta a la legalización de hasta 18 millones de autos ilegales en el país, algo que apenas la semana pasada echó para atrás la mayoría de Morena en el Senado por instrucciones directas de Monreal. Ayer Delgado no quiso escuchar ni entender razones, mucho menos a los distribuidores y fabricantes de autos que le pedían audiencia y diálogo antes de que votaran el tema, y modificó nuevamente la Ley de Ingresos que regresa al Senado y, según anunció anoche el coordinador Ricardo Monreal, van a volver a eliminar la reserva de la ley y a echar abajo la legalización de los “carros chocolate”. Y ahí sí el Senado tiene la última palabra…A propósito de la columna que publicamos el lunes titulada “La Trifecta Perfecta de Cabeza de Vaca”, nos comentan desde Tamaulipas que “para quienes quieren ver una sucesión adelantada de trazos dinásticos: no está ni estará en el escenario; pero los montajes dolosos y las ideas venidas de la fantasía serán respondidos. En Tamaulipas, dicen los cercanos al gobernador Cabeza de Vaca, las prioridades son simples: seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos, avanzar en el desarrollo económico del estado, y seguir teniendo récords en turismo, inversión y empleo. Esas son las únicas apuestas del gobernador”. Hasta ahí la respuesta de la administración de Cabeza de Vaca a quienes ven intentos de controlar una sucesión con tintes familiares…Pues será el sereno, pero ayer nos llegó una encuesta telefónica, de la polémica empresa Masive Caller, que mide la imagen y el desempeño de las esposas de los gobernadores del país a partir de su trabajo en los DIF estatales. La que aparece mejor calificada en el primer lugar es Rosa Isela Fuentes de Ordaz, de Sinaloa; en segundo lugar Mariana Gómez Leal, de Tamaulipas; y en tercero Adriana Dávalos Martínez, de Nuevo León. ¿Casualidad?..Los dados mandan Serpiente. Descendemos.

OPINIÓN/ Culiacán y la seguridad nacional

El pasado 17 de octubre, en una operación conjunta entre elementos de la Sedena y la Guardia Nacional se detuvo a Ovidio Guzmán, contra quien existe una orden de detención con fines de extradición por parte del gobierno norteamericano. Las acciones realizadas por los Guzmán y su grupo aquella jornada configuran las conductas delictivas de conspiración, terrorismo, sabotaje, ataques a las vías de comunicación, daño a los bienes públicos, evasión de presos, etc.  El comportamiento de estos grupos criminales ha rebasado los límites de lo que entendemos por seguridad pública, porque se comportan como un grupo terrorista que se opone al Estado imponiendo sus condiciones a cambio de no dañar a la sociedad civil y a las mismas fuerzas armadas, lo que trastoca el orden público y la paz social. Es así como esos hechos atentan a la seguridad nacional y se traducen en una amenaza real para el Estado mexicano y la sociedad civil, en términos de nuestra propia Ley de Seguridad Nacional (LSN). El terror y la violencia que vivieron los habitantes de la capital de Sinaloa tuvo como propósito, impedir que las autoridades detuvieran a un miembro de la delincuencia organizada (DO), se trata de una amenaza para la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas son la autoridad facultada por la LSN para restablecer el orden público. Es así porque no se trata de persecuciones e investigaciones comunes, es necesario entender que la delincuencia organizada transnacional actúa en un ámbito criminal distinto al de los delincuentes del orden común. De hecho, la DO, cuenta con gran poder económico y social porque, en la mayoría de los casos, someten a las autoridades locales y a la población con dinero o mediante prácticas mafiosas, además cuentan con armamento de gran poder letal, muy similar al de las fuerzas armadas, si no es que igual, empleando ahora tácticas terroristas para conseguir sus fines, lo que hace necesaria la intervención de estas últimas en el combate al crimen organizado ya que, las fuerzas del orden local, carecen del armamento y entrenamiento adecuados para enfrentar el poder de ataque de esa clase de criminales, lo que es evidente porque fueron capaces de desafiar e inhibir a las fuerzas armadas con procedimientos de terror.  ¿Qué hacer? Es necesario reconocer y apoyar la labor de nuestro ejército y marina en la lucha que enfrentan con la DO porque, como ya lo vimos, además de su vida, también están en riesgo las vidas de sus familiares. Es imprescindible que reconozcamos a la DO como una amenaza a la seguridad nacional y que así, las instituciones correspondientes la enfrenten y la sometan, ya no es un tema de seguridad pública. Es necesario aprovechar la experiencia acumulada en los operativos que entrañan un riesgo para el orden público y la paz social. Aprendamos de la experiencia internacional en tanto que es común la intervención de las fuerzas armadas de otros países en el combate a la DO, sin que esto signifique el inicio de una guerra, sino que, más bien se mejoran las posibilidades de éxito en la erradicación del flagelo de la DO. Esa lucha implica una limitación al ejercicio de los derechos fundamentales debido a la amenaza a la seguridad nacional y se traduce en una participación diferente de las fuerzas armadas, con reglas, controles y limitaciones especiales, como ocurre en Europa. Todo esto en un marco de respeto a los derechos humanos de las personas. Tiene razón el presidente cuando afirma que la guerra terminó, y por eso es necesario someter a esos grupos delincuenciales. Los hechos de Culiacán probaron que la Guardia Nacional aun no puede sustituir la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención del crimen organizado. Los grupos que se han opuesto a que se legisle la intervención de los militares en el problema, y que solamente los han acusado de genocidas y asesinos están dejando a México y a su gente sin su última línea de defensa. Nuestros soldados están limitados para intervenir en estos conflictos porque no tienen un régimen legal que les dé un marco normativo a su actuación. Tal vez esos grupos quieren que sean los norteamericanos los que enfrenten a los delincuentes y protejan a pueblo mexicano.  Exconsejero de la Judicatura Federal

Frentes Políticos

1. Así se hace. La costumbre del ejercicio del poder a niveles despóticos era una normalidad. Ya no. Cero tolerancia, advirtió Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN. El pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió por 6 meses a una magistrada en el Estado de México por cambiar las funciones del personal adscrito a su cargo sin justificación, uso indebido del vehículo oficial y por coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos. “Avanzamos en la renovación del Poder Judicial. Nos reformamos para servir mejor a la gente”, externó Zaldívar. Lo increíble es que no crean en la nueva visión de país. Acostumbrados al pisoteo social, se verán obligados a entender con sanciones que el bien colectivo, el de la gente, siempre debe prevalecer por encima de cualquier interés particular. Tómenla.

2. Limpieza de imagen. Al detallar el operativo de captura y liberación de Ovidio Guzmán López, el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, el gobierno federal visualizó que de haber optado por el enfrentamiento armado con los criminales, “se hubiera ganado”. A la espera de cumplimentar una orden de cateo que nunca llegó, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró que el “tropiezo táctico” no invalida la nueva estrategia de seguridad, en la que importan tanto la vida de los inocentes como la de los integrantes del crimen. “Habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio, sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas, habríamos ganado, pero ¿a qué costo?”, cuestionó. No olvidarlo: pudo ser el punto más álgido en la guerra que inició el expresidente Felipe Calderón.

3. El tropiezo de la semana. Podría deberse a que no razona los cuestionamientos, pero Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, respondió “hablan de feminicidios y no hablamos de hombricidios”. ¡Zoc! El Bronco, conocido por sus respuestas rápidas, cree que el incremento de los feminicidios en la entidad se debe a que cada vez más mujeres “se están dedicando a la venta de droga”. Es muy claro que el mandatario no sabe dónde está parado. La senadora Martha Lucía Mícher aclaró que el asesinato de una mujer es un delito que se comete por el simple hecho de serlo, y que, por lo tanto, el término que planteó no existe. Explicárselo es perder el tiempo, pues uno de los mandatarios más devaluados del país es capaz de confundir gimnasia con magnesia y rancho con silla de gobierno. Pobrecito.

4. Embrollo inoportuno. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del padrón electoral de Morena, la convocatoria para la elección y todos los actos derivados y realizados hasta el momento, por considerar que no tiene un padrón confiable, ya que no lo depuró ni lo actualizó antes del proceso. Además, cuando el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, iba a dar la sentencia, una persona asistente en la sala empezó a gritarle a los magistrados, por lo que se decretó un receso para poner orden en la sala. ¿Qué les sucede a los morenistas? Se la han pasado diciendo que pretenden un nuevo modelo de nación, pero son incapaces de quitarse de encima esas prácticas antiguas. ¿Quiénes son los responsables?

5. Con todo. Lo sucedido en Puebla marcará un antes y un después. Por el secuestro y homicidio de una joven en Tehuacán, la Fiscalía estatal obtuvo de la autoridad judicial sentencia de 87 años 6 meses de prisión contra Leonardo Jacinto Cruz. El 26 de abril de 2016, la víctima, de 20 años de edad, salió de su casa hacia la universidad, cuando fue secuestrada. Horas más tarde, familiares recibieron una llamada exigiendo medio millón de pesos de rescate. Tras negociar, sus familiares hicieron un depósito de 20 mil, sin embargo, la mataron. El pasado 21 de octubre el Tribunal Unitario dictó sentencia de 87 años 6 meses de prisión contra el sujeto, quien, además, deberá pagar una multa por 986 mil 040 pesos y 180 mil 688 por reparación del daño. Por fin una sentencia cercana a la justicia. Sólo así comprenderán el daño que hacen. Que sirva como ejemplo.