“Nunca antes en democracia, el rol de los árbitros electorales y sus accionantes había sido tan protagónico y determinante” afirmó Juan Jesús Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  Explicó que un fenómeno representativo del proceso electoral 2020-2021 ha sido la ola de impugnaciones que ha saturado los tribunales electorales de todo el país, “como si el sólo hecho de apelar al Tribunal Electoral fuera suficiente para levantar sospechas respecto de alguna controvertida candidatura y, por ende, influir en el electorado”.  Lo cual dijo en procesos anteriores resultaba más bien de carácter excepcional y con el paso del tiempo se ha convertido en una constante, y agregó que judicializar incesantemente las elecciones significa mermar las vías sobre las que descansa el derecho al voto, litigar por litigar y que los partidos políticos promuevan, recursos jurídicos como extensión de las campañas políticas al ámbito legal, interponiendo quejas frívolas sin fundamento.  SLP, es el segundo estado con más impugnaciones en la Sala Monterrey del TEPJF De acuerdo con información difundida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con fecha de corte del 24 de mayo, San Luis Potosí es el segundo estado que promueve más impugnaciones de las ocho entidades que atiende de la segunda circunscripción electoral.  A la fecha antes referida, la Sala Monterrey contaba con 83 medios de impugnación:

De esa totalidad, 59 corresponden a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC); 16 a juicio de revisión constitucional electoral (JRC); y 8 a recurso de apelación (RAP). La Sala Regional Monterrey atiende los asuntos de Nuevo León, que encabeza la lista de impugnaciones, así como Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.