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La titular afirmó que en caso de que el Congreso decida reponer la auditoría, las sanciones se dilatarían hasta finales de 2019 o 2020
11:09 miércoles 8 agosto, 2018
San Luis
Rocío Cervantes Salgado, Titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dijo que en caso de que los Diputados Locales decidan reponer la auditoría de las cuentas públicas 2016 sería hasta finales del 2019 o 2020 cuando que se concluya el proceso de sanción en caso de irregularidades, pues sólo el trabajo de fiscalización tomaría por lo menos 6 meses, más el tiempo que implique el deslinde de responsabilidades. Ante el escándalo de la Ecuación Corrupta que llevó a la revisión de la auditorías de las cuentas públicas 1016, incluso por parte de un despacho externo, hoy el Congreso del Estado tiene dos caminos posibles, explicó la auditora, el primero sería validar las auditorías, lo que permitiría a la ASE dar el paso siguiente de notificar a los probables responsables que hayan tenido observaciones en este informe, para que comparezcan ante la Auditoría y una vez que se determinen responsabilidades se fijen sanciones y en caso de ser necesario se pongan en manos de la Fiscalía del Estado. El segundo escenario, explicó es que el Congreso del Estado no apruebe la auditoría, y en todo caso se tendría que volver a ordenar la reposición de la misma, lo que en efecto repetiría los trabajos de fiscalización sobre esas cuentas públicas, todo este proceso marcaría un trabajo de 6 meses más de investigación. En este sentido Rocío Cervantes, advirtió que si se ordena la reposición de la auditoría de las cuentas públicas del 2016 se estaría empalmando con el proceso de finalización de las cuentas 2017 que ya va muy avanzado y conforme a los tiempos establecidos y el inicio de las cuentas 2018, además de los procesos de entrega-recepción, en los que la nueva ley, marca participación de la ASE, por lo que sería muy complicado atender a todos los procesos. Sin embargo, se dijo respetuosa de la decisión de los Diputados Locales, aunque también apuntó que la dilación en la aplicación de sanciones lastima la confianza de los ciudadanos en los procesos de fiscalización del Rea curso público.