San Luis Potosí es una de las 10 entidades con menor cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, tras más de 10 años de su aprobación, de acuerdo al “Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2019. Creatividad contable: el arte del engaño”, publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), que da al gobierno potosino una calificación de 60.1 puntos, lo que lo coloca en la posición número 23 a nivel nacional. Este índice evalúa el cumplimiento durante el 2018 y señala un incremento de 7.3 puntos porcentuales con respecto al 2017, cuando San Luis Potosí obtuvo 52.8 puntos; aún así, la entidad cayó tres posiciones en este índice, ya que el año pasado se posicionaba en el lugar 20.  Si se compara con otros años, la puntuación obtenida este año es baja, ya que en 2016 logró 69.4 puntos y en 2015 tenía 71.9 puntos, es decir que en los últimos tres años ha tenido un descenso de casi 12 puntos porcentuales en el cumplimiento de esta ley. San Luis Potosí está por debajo de la media nacional, que es de 66.7 puntos. El coordinador del área de Finanzas Públicas del Imco, Manuel Guadarrama, dijo que se deben efectuar tres acciones para mejorar el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental: eliminar el margen de interpretación de esta normatividad, que los estados publiquen en tiempo y forma su información financiera y que dichas publicaciones sean en formatos de datos abiertos a través del uso de herramientas electrónicas. GASTÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO

El documento también reporta que San Luis Potosí es una de las entidades que subestima los ingreso, ya que en su Ley de Ingresos estimó recaudar 43.8 mil millones de pesos y terminó recaudando 11 por ciento más, es decir 48.9 mil millones de pesos; también es de las entidades que gasta más de lo que presupuesta, ya que en su presupuesto aprobó 43.8 mil millones de pesos y terminó ejerciendo 49 mil millones de pesos, es decir 12 por ciento más. El rubro en donde gastó más de lo aprobado fue en infraestructura, donde se erogó un 63 por ciento más, aunque también en gasto burocrático se erogó 1 por ciento más de lo que se aprobó; en contraparte, en servicios básicos se gastó 25 por ciento menos de lo aprobado y en Comunicación Social un 5 por ciento menos. Alexandra Zapata, directora general adjunta del Imco, dijo que este gasto por encima de lo aprobado sucede en complicidad de los congresos locales, quienes trimestralmente reciben la información financiera y no hacen nada por frenar estos abusos y simulaciones, ni tampoco sancionan a los funcionarios responsables. SLP NO PUBLICA TODOS LOS DOCUMENTOS

El estudio evalúa un total de 18 documentos, de los cuales San Luis Potosí tiene calificación de cero en tres de ellos: estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa por poderes, estados e informes programáticos-gasto por categoría programática y estado de variación de la hacienda pública. Solo 12 entidades publicaron todos los documentos. También reporta que de 72 documentos de información financiera, San Luis Potosí tiene 54, lo que la ubica como una de las tres entidades con menos documentos publicados. La investigadora del área de Finanzas Públicas del Imco, Carolina García, dijo que además de San Luis Potosí, Baja California, Tabasco, Durango y Michoacán tampoco presentan gran porcentaje de estos documentos, pese a que es una obligación de ley publicar la totalidad de ellos. En total, de 3 mil 200 documentos que revisó el Imco, faltaron 174. Cabe mencionar que ninguna entidad cumple al 100 por ciento con la Ley de Contabilidad Gubernamental, aunque Nayarit fue la que mayor avance tuvo en el último año, al crecer en 44 puntos, mientras que ocho estados tuvieron un retroceso y tres se mantuvieron iguales. En un avance de la próxima entrega del Índice de Información del Ejercicio del Gasto, a efectuarse en el mes de enero, el Imco reporta que San Luis Potosí destina solo el 2 por ciento de su presupuesto al rubro de seguridad pública, el 7 por ciento a justicia, el 13 por ciento a salud y protección social, el 40 por ciento a educación y el 38 por ciento a otros rubros.