La verificación vehicular en la capital potosina ya es obligatoria, tanto en la Ley Ambiental del Estado que otorga facultad a los Municipios para realizar este trámite, como en el Reglamento de Tránsito Municipal que permite sacar de circulación vehículos que no cuentan con verificación, sin embargo, por temas políticos ni Estado ni Municipio han querido implementar este trámite, declaró Yvett Salazar Torres, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam). La secretaria recordó que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Ambiental que otorga facultades también al Estado para implementar el trámite de verificación vehicular, por lo que desde hace dos años presentaron un proyecto de reglamento de verificentros a la Secretaría General de Gobierno y hasta el momento no ha sido avalado. Dicho reglamento, entre sus consideraciones, contenía lineamientos que debían cumplir los centros de verificación vehicular, además contemplaba la implementación del programa “Hoy no circula”, como ocurre en la Ciudad de México, sin embargo, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) vieron algunos riesgos en la implementación de dicho programa y al final decidieron no darle el aval. “Actualmente el Municipio claro que pudiera estar en posibilidades de implementar una verificación vehicular, políticamente a lo mejor es donde hay más consideraciones, porque nadie quiere invertirle a un tema que puedes ver como un impuesto… si el Estado hiciera esa inversión pudiéramos irnos a una inversión de 30 o 40 millones de pesos, tendríamos que contratar personal, contratar algunas ubicaciones para tener los centros de verificación”. Salazar Torres dijo que otra posibilidad sería concesionar los centros de verificación e incluso ya tuvieron una reunión con empresarios interesados en invertir en dichos centros, sin embargo, exigieron que primero se haga obligatorio el trámite, con el fin de que sea redituable para ellos. La titular de Segam destacó que, el poder implementar la verificación vehicular al 100 por ciento, generaría una mayor recaudación para el Estado, que podría invertir esos recursos en programas ambientales, en rubros como calidad del aire o compensaciones forestales, tal como ya lo hace la Ciudad de México.