Un juez federal vinculó a proceso al ex presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz, así como a 10 ex regidores más de esta localidad que en enero pasado fueron destituidos de su cargo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato y ordenó a la Procuraduría General de la República consignarlos. En el caso de Barrada Ruiz, el juez ordenó la suspensión temporal para desempeñar algún cargo, para evitar que pueda adquirir fuero constitucional, durante el tiempo que dure el proceso. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, decretó la vinculación a proceso de los 11 imputados, por el delito previsto y sancionado en la fracción I, del Artículo 267 de la Ley de Amparo, por el incumplimiento a una sentencia de amparo. En enero, la Corte determinó la destitución de los funcionarios porque no acataron con un fallo emitido en 2012; el asunto tuvo su origen en un laudo laboral que ganaron 23 ex trabajadores del ayuntamiento, a quienes en 2006 se les debió pagar 38 millones 913 mil 081 pesos y reinstalar en sus plazas; hasta el 12 de octubre de 2017, el monto adeudado ascendía a 95 millones de pesos. El municipio de Paraíso tiene asignado para este año un presupuesto de 405 millones 253 mil 627 pesos; en 2017, su presupuesto fue de 399 millones 337 mil pesos. El ministro José Ramón Cossío Díaz propuso la destitución y consignación de Bernardo Barrada Ruiz, quien ocupa el cargo de primer regidor y presidente municipal de Paraíso. Su propuesta fue avalada por unanimidad, y la misma implicó la destitución y consignación del segundo hasta el décimo regidor: María Cruz Frías de la Cruz, Asunción Díaz López, Adelaida Romero Hernández, Antonio Domínguez Márquez, Norma Alicia Arévalo Ávalos, Ismael Alejandro Peregrino, Crystel Colorado Barjau, Saúl Magaña Magaña y María Lizbeth Carrillo Gómez. El 10 de diciembre de 2012, 23 ex trabajadores promovieron un amparo en contra del incumplimiento del laudo de 29 de agosto de 2005 y de la resolución del incidente de liquidación de 6 de octubre de 2006, ambos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El 30 de agosto de 2013, el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región otorgó el amparo a los quejosos para los siguientes efectos: Para que la autoridad responsable diera inmediato cumplimiento al laudo dictado en 29 de agosto de 2005 consistente en la reinstalación de los quejosos. Realizara el pago de la cantidad que hasta el momento sea liquidado y su actualización a la fecha de pago de todos los quejosos y al peticionario Guadalupe Flores Javier (fallecido). Que en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago o crear las plazas respectivas, se incluyera en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2014, en el entendido que la cantidad que debía presupuestarse debía ser igual a la condenada en el laudo, sus liquidaciones y actualizada a la fecha de pago del año siguiente. El cumplimiento de la sentencia, fue requerido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al Ayuntamiento responsable, (a la anterior y a la actual integración). El 24 de marzo de 2014, se tuvo a los quejosos interponiendo un incidente de inejecución de sentencia, y dado que no se obtuvo su cumplimiento, el juez de Distrito ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado para continuar con el trámite. El 27 de abril de 2017, el Tribunal Colegiado remitió el caso a la Corte. -- MILENIO