La iniciativa lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, busca reglas bien definidas encaminadas a garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, así como ordenar el régimen de concesiones.

  Es importante señalar que la iniciativa ha estado rodeada de mitos e imprecisiones, por lo que resulta adecuado desglosar lo que establece y busca la propuesta de la mandataria mexicana.

  En este sentido, los tres objetivos principales de la iniciativa son: uno, garantizar derechos que incluyan distribución de competencias, reconocimiento de sistemas comunitarios y profesionalización de organismos operadores; dos, establecer una Rectoría del Estado para asegurar seguridad hídrica a generaciones futuras; tres, ordenar concesiones de forma equitativa, con certeza jurídica, sancionar abusos y promover inversión y soberanía.

  Asimismo, la propuesta de la mandataria deja claro que no desaparecerá Conagua, por el contrario, se busca fortalecer sus funciones y consolidarla como la autoridad del agua. De igual manera, la iniciativa no pretende reducir la vigencia de concesiones ni abrir la puerta a la expropiación de títulos, además de que los vigentes conservan sus derechos. Tampoco, señalan, afecta al campo; por otro lado, tiene la intención de preservar y regularizar apoyos y eficiencia en riegos.

  “Del tandeo al servicio con estándar”

En consecuencia, la iniciativa también especifica que el derecho al agua se armoniza con salud, ambiente y equidad, reconociendo el tejido comunitario y profesionalizando la operación. Cabe resaltar que la Rectoría del Estado tendría una capacidad real de planificación para la seguridad hídrica con “reglas de largo plazo y no parches sexenales”.

  Con lo anterior, la idea central es tener orden y certidumbre en el tema de concesiones, bajo la premisa de que “quien usa bien crece; quien abusa, responde”. Aunado a ello, la propuesta mantiene una naturaleza sustentable, pues se normaliza el reúso del agua con criterios ambientales y responsabilidad.

  Es importante mencionar que la iniciativa de la mandataria no busca la criminalización, pero sí la inhibición de prácticas que lucran con la escasez.

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  En conclusión, la propuesta sobre la Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum fortalece derechos y rectoría, ordena concesiones y acelera la sustentabilidad.