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La Confederación envió un exhorto a cada uno de los representantes potosinos a tomar en cuenta a las y los mexicanos en esta reforma
17:06 miércoles 8 octubre, 2025
San LuisA través de un comunicado la Coparmex solicitó a los diputados federales potosinos a evaluar su voto en la reforma a la Ley de Amparo que será discutida en la Cámara Baja y que pone en riesgo a las y los mexicanos.
El exhorto fue enviado a los legisladores potosinos: José Luis "Chiquis" Fernández, David Azuara Zúñiga, Gabino Morales, Francisco Castillo, Nubia Iris Castillo Medina, Briceyda García Antonio, Aremy Velazco y Juan Carlos Valladares.
En la misiva firmada por su presidente Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, también coordinador de la Alianza Empresarial solicitó abrir espacios de diálogo con los sectores productivos y sociales antes de aprobar la reforma.
La iniciativa en discusión sigue generando aún serias preocupaciones en el ámbito empresarial y de la ciudadanía, ya que en materia de suspensión del acto reclamado, hay una rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. Dado que, en casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias.
Otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.
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El organismo destaca que en el Senado se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios que actualmente están en trámite. Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos. Más que una modificación real, parece un distractor político para desviar la atención del fondo del problema, Lo verdaderamente urgente es poner atención a los riesgos estructurales que esta reforma presenta para la justicia, la seguridad jurídica y la operación de las empresas.