La propuesta del presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, para que menores de 15 años que cometan delitos graves sean juzgados como adultos abrió nuevamente el debate sobre la justicia penal juvenil en México. En entrevista, la coordinadora de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro, María Guadalupe García Martínez, consideró que aunque la preocupación social por el aumento de hechos violentos protagonizados por adolescentes es legítima, la solución no pasa por trasladarlos al sistema penal de adultos. La académica explicó que desde la criminología y la neuropsicología existen evidencias que demuestran que durante la adolescencia aún se encuentran en desarrollo capacidades fundamentales como la toma de decisiones, la regulación emocional y la evaluación de consecuencias. “Precisamente por eso existen sistemas especializados de justicia para niñas, niños y adolescentes”, señaló. El posicionamiento surge luego de hechos violentos recientes ocurridos en Querétaro, entre ellos la balacera registrada en un palenque clandestino en el municipio de Corregidora, donde murieron cinco personas, así como el caso de un adolescente detenido por el homicidio de otro menor en Ezequiel Montes. Ante estos acontecimientos, sectores políticos y sociales han insistido en endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves; sin embargo, García Martínez advirtió que la severidad de las penas no necesariamente inhibe la conducta criminal. Explicó que diversos estudios criminológicos sostienen que el efecto disuasorio depende más de la certeza del castigo que de la dureza de las condenas, en un contexto nacional donde prevalece la impunidad. “Habitamos un país donde de cada 100 delitos solamente uno se castiga”, apuntó.

La especialista sostuvo además que ingresar a adolescentes al sistema penitenciario de adultos podría generar efectos contrarios a los buscados, fortaleciendo procesos de criminalización y reincidencia, además de reducir las posibilidades reales de reinserción social. En ese sentido, consideró que el debate debe enfocarse en revisar la eficacia de los mecanismos actuales de prevención y atención, así como en fortalecer áreas como salud mental, combate a la deserción escolar, reconstrucción del tejido comunitario y atención a la violencia familiar. También alertó sobre el riesgo de que grupos delictivos modifiquen sus estrategias de reclutamiento si se reduce la edad para juzgar como adultos a menores infractores.

“Si se amplía hacia los 15 años, probablemente estos grupos empezarán a reclutar niños de 12, 13 o 14 años, que son todavía más vulnerables”, advirtió. La coordinadora universitaria subrayó que el fenómeno de la violencia juvenil debe analizarse desde una perspectiva estructural y no únicamente punitiva, pues muchos adolescentes involucrados en actividades delictivas crecieron previamente en contextos de victimización, abandono y exclusión social. Finalmente, llamó a que cualquier reforma en materia de justicia juvenil esté sustentada en evidencia científica y no responda únicamente a presiones sociales o mediáticas derivadas de hechos violentos recientes.