En toda institución existe una línea delgada entre el orden y el control, entre la organización y el silencio. A veces esa frontera no se anuncia, simplemente aparece en forma de normas internas, protocolos o circulares que prometen claridad, pero que también redefinen quién puede hablar, quién debe callar y qué versiones son las que terminan prevaleciendo en el espacio público.

En el sistema educativo de San Luis Potosí, dos discusiones recientes parecen conectarse más de lo que se admite oficialmente. Por un lado, el reconocimiento de vacíos legales que limitan la capacidad del personal docente para intervenir ante casos de acoso escolar; por otro, la circular emitida por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí que centraliza la comunicación institucional y establece que sólo su titular puede emitir posicionamientos oficiales. El secretario Juan Carlos Torres Cedillo ha explicado que la medida busca evitar confusiones y no restringir la libertad de expresión, además de vincularla con la necesidad de frenar información incorrecta en el sector.

Sin embargo, la lectura conjunta de ambos temas revela una paradoja inquietante: docentes que dudan en actuar por temor a consecuencias legales y maestros que ahora también enfrentan lineamientos sobre cómo y cuándo comunicar lo que ocurre dentro del sistema. El resultado puede ser una estructura donde la incertidumbre jurídica se combina con la cautela institucional, generando un ambiente donde intervenir o hablar implica riesgos que muchos prefieren evitar.

Esto plantea preguntas de fondo sobre la gobernanza educativa. ¿Puede construirse un entorno escolar seguro cuando quienes están en primera línea carecen de respaldo claro para actuar o expresar lo que sucede? ¿Se fortalece la confianza pública cuando la comunicación se centraliza o se reduce la pluralidad de voces que permiten identificar problemas a tiempo? El argumento institucional apunta al orden administrativo, pero el efecto práctico podría ser una cultura de contención donde los conflictos se gestionan con discreción antes que con transparencia.

Tampoco puede ignorarse el contexto social que rodea estas decisiones. La relación entre familias, docentes y autoridades atraviesa un momento de tensión: padres que exigen protección absoluta, escuelas que buscan evitar conflictos legales y autoridades que intentan equilibrar derechos sin asumir plenamente los costos políticos de decisiones más firmes. En ese escenario, la regulación de la palabra y la fragilidad de la autoridad docente parecen responder a una misma lógica: reducir riesgos inmediatos, aunque se pospongan soluciones estructurales.

El desafío para la política educativa estatal es claro y urgente. No basta con ordenar la comunicación ni con reconocer vacíos legales; se requiere construir un sistema donde la autoridad pedagógica tenga respaldo, la transparencia no dependa de autorizaciones y la confianza institucional no se sostenga en el silencio. Y es que cuando educar implica callar y disciplinar implica dudar, la escuela deja de ser un espacio de formación para convertirse en un terreno de incertidumbre. Y ninguna sociedad puede aspirar a mejores resultados si prefiere administrar los problemas antes que enfrentarlos.

¡Excelente fin de semana!