Durante las audiencias que se llevaron a cabo durante la tarde y noche de ayer en el Reclusorio Norte, 18 personas detenidas durante la marcha de la “Generación Z” del 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Entre ellos se encuentran tres personas acusadas del presunto delito de homicidio en contra de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados para resguardar a los manifestantes, así como para evitar daños en inmuebles. Uno de ellos continuará su proceso en libertad.

Además de las tres personas, cinco detenidos más fueron vinculados por resistencia de particulares. Durante la audiencia, el juez ordenó liberar a tres con la medida de prisión condicional. En el caso de los otros dos, su defensa pidió la duplicidad de tiempo.

Durante las audiencias, los abogados de las personas detenidas presentación de videos, testimonios y argumentos. El Ministerio Público de la fiscalía capitalina también aportó elementos de prueba ante el juez.

Horas después de que finalizó la marcha, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que los 20 civiles lesionados, así como 100 policías, fueron responsabilidad de las personas que intentaron brincar las vallas colocadas en Palacio Nacional.

“Si no hubiera habido manifestantes que se hubieran intentado saltar la las vallas, si no hubiera habido manifestantes que jalaron hasta respetar una buena parte de la valla, no hubiera pasado nada...la responsabilidad es de quienes asistieron a la violencia y provocaron otra vez intentaron provocar violencia en la ciudad de México”, comentó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en pedir una investigación por la violencia durante la marcha del sábado en el Zócalo de la Ciudad de México y volvió a negar la represión en contra de los manifestantes luego de la detención.

En la conferencia matutina, la mandataria explicó que la integración del expediente lo debe llevar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero señaló que el Gabinete de Seguridad también puede apoyar.

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"Tiene que investigarse porque finalmente es un delito más allá de una protesta social. Entonces, tiene que investigarse (...) no hay ni persecución política, ni represión", puntualizó.

Con información de Latinus