El día tan ansiado —por concesionarios y permisionarios— llegó: en 13 pesos con un tostón (14 pesos, por aquello del “no traigo cambio”) quedó la nueva tarifa del transporte público en San Luis Potosí, en la modalidad de camión urbano. Tras semanas de debate, rumores y denuncias —incluidas las de unos pocos choferes que, vivillos en el timo, ya cobraban los 14 pesos antes de que fuera oficial—, el aumento se concretó. Un aumento que golpea el bolsillo de los potosinos entre uno y dos pesos diarios, dependiendo de cuántas rutas utilicen al día. Incluso se hablaba de que la tarifa quedara en 15 pesos por viaje; es decir, un incremento del 20 por ciento. Pero la discusión no es el peso ni los dos pesos con cincuenta centavos: es el mensaje que manda el transporte público en San Luis Potosí en términos de calidad, eficacia, atención y conectividad. Ojo: que el tema de los choferes no incluye a todos. Es preciso reconocer que muchísimos realizan su labor con ejemplo, calidad y amabilidad. Vaya que necesitamos muchos como ellos. Semanas atrás ya habíamos abordado el tema, con una salvedad importante: hoy no hablamos solo de camiones urbanos, sino también de taxis y de MetroRed. Todos forman parte de esta sinfonía —desafinada desde hace años— de la movilidad ciudadana que enfrenta retos estructurales que nunca terminan de resolverse. Solo esta semana, en esta casa de comunicación, se recibió al menos una denuncia ciudadana por día. En ellas se evidenciaron prácticas ya normalizadas: choferes que alteran su ruta original; descenso de pasaje en paraderos no establecidos, obligando a los usuarios a cruzar avenidas para seguir esperando; quejas por lapsos de hasta una hora entre camiones, lo que exhibe la falta de operadores; accidentes por conducción temeraria y, para colmo, uno de esos percances provocado por un chofer en estado de ebriedad.

Y el problema no se queda ahí. Esto ya no es solo una tensión entre ciudadanos e instituciones, donde los primeros exigen a los segundos un servicio acorde con lo que pagan. Ahora se ha sumado un elemento preocupante: la confrontación entre ciudadanos. En un arrebato de todo, menos de empatía, abundan respuestas como “nada les embona” o “si no quieren servicio gratis, váyanse en taxi; paguen”, esto último en referencia a MetroRed. Aquí conviene poner el punto sobre las íes. El aumento, en sí mismo, no es el fondo del asunto. Cada tarifa que se paga es el cobro por un servicio al que no solo se tiene derecho, sino también la obligación de exigirle calidad. Imagine que compra un automóvil en una agencia y el vehículo falla de forma constante: lo natural es reclamar, porque pagó por él. Exigir no es un acto de ingratitud; es una consecuencia lógica del pago. Con el transporte público ocurre exactamente lo mismo. Hace unas semanas compartimos un cálculo aproximado: una ruta de mediano flujo —como la 21 o la 22— traslada entre 500 y 600 pasajeros diarios. Eso se traduce en alrededor de 7 mil 500 pesos por unidad al día; 150 mil pesos diarios por las cerca de 20 unidades que integran una ruta, y más de cuatro millones de pesos al mes. Todo esto con la tarifa anterior y sin considerar el aumento. Con la nueva tarifa, la cifra mensual supera sin dificultad los 4.5 millones de pesos por ruta. Se dirá —con razón— que hay que contemplar descuentos a estudiantes y adultos mayores. De acuerdo. Aun así, la cifra sigue siendo considerable cuando se le compara con el estado de las unidades, la capacitación de los choferes, la amabilidad, la eficiencia y el servicio en general. Un transporte que lleva años aspirando a ser de primer mundo, pero que sigue atorado en el rellano, cómodo en el escritorio y lejano de la calle.

Este escenario incluye también al servicio de taxis, que tendrá un aumento moderado en sus tarifas y en el uso del taxímetro. Quizá el impacto no sea tan visible en un solo viaje, pero sí en el gasto acumulado de los usuarios frecuentes. El reflejo es el mismo: unidades en mal estado, choferes sin capacitación adecuada y una disputa permanente —cada vez más agresiva— entre modalidades, que incluso ha derivado en episodios de violencia. MetroRed tampoco está exento. Hay esperas prolongadas en ciertas horas porque la infraestructura vial no da; quejas por la pérdida de calidad en la atención y unidades saturadas que ya dudan en abrir la puerta después del quinto paradero. Algo debe quedar claro: la gratuidad no es sinónimo de mala calidad, ni excusa para tolerarla. No cobrar fue una decisión administrativa válida, que a muchos usuarios sí les alivia el bolsillo. Eso no está en discusión. Lo que sí debe discutirse —y aquí conviene apelar a la empatía que algunos parecen haber extraviado— es que exigir no es quejarse por deporte. La gratuidad no la pidió el ciudadano. Lo que se ha denunciado, una y otra vez, es que el aumento al transporte público sigue reflejando la misma baja calidad de siempre. Y quizá ese sea el verdadero problema: que nos acostumbremos tanto a un mal servicio que, cuando alguien alza la voz, el ruido ya no incomoda al sistema, sino a otros ciudadanos. La pregunta es: si pagamos cada viaje, ¿no sería lógico que nuestras denuncias y exigencias llegaran hasta quienes deben responder, en lugar de chocar con otros ciudadanos que también levantaron la voz?