La reforma judicial, cimentada en ilegalidades y violaciones a la ley, conduce al país al caos. El experimento electoral al que vamos coloca a los mexicanos en una posición incómoda: participar en una elección que no cumple con los mínimos estándares y legitimarla, o no participar y entregar a la 4T el control del Poder Judicial. Nada saldrá bien. La pregunta, a menos de dos semanas del domingo 1 de junio, es cada vez más recurrente: ¿votar o no votar? En otros términos: ¿legitimar o no un proceso que está viciado de origen? La manera en que se construyó la reforma violó el marco jurídico actual. Se desacataron órdenes y mandatos judiciales, se legisló al vapor y se aprobó en sesiones —tanto en Cámara de Diputados, como en el Senado— que estuvieron lejos de la pulcritud. Esa reforma, que dio pie al proceso electoral, transgredió la Constitución dinamitando la separación de poderes. Si el camino legislativo estuvo salpicado de irregularidades, el proceso electoral en curso no es más aseado. Hay decenas de candidatos —que superaron el “filtro” en que debieron convertirse los Comités de Evaluación— ligados a la delincuencia organizada e incluso algunos que fueron sentenciados por narcotráfico; miles de afiliados de Morena (casi 21 mil, según el INE) que intentaron registrarse como observadores electorales; por primera vez en décadas, los funcionarios de casilla no contarán los votos; y por primera vez en el siglo, los ciudadanos no sabremos quiénes ganaron los comicios, sino hasta 10 o 15 días después… aunque ya lo podemos prever. Estamos a menos de dos semanas de llegar a terreno desconocido, y las cosas no pintan bien. La trampa y movilización de estructuras a la que nos aproximamos, van quedando exhibidas. Por ejemplo, ¿cómo es que un proceso que no entusiasma a los ciudadanos, salvo aquellos en el oficialismo que se aprestan a tomar control del Poder Judicial, tiene 10 veces más personas interesadas en fungir como observadores electorales que una elección presidencial? Para ilustrar: en la elección federal de 2021, hubo 19 mil 339 observadores electorales y en 2024, 25 mil 126; pero ahora se han registrado 317 mil 76 personas. Inédito. Y sospechoso. ¿De dónde tanto entusiasmo? De esas solicitudes de interesados, 38 mil ya fueron rechazadas. Casi 25 mil militan en la 4T (Morena, Verde y PT). Eran cachirules. La elección no tiene reglas claras, tampoco dinero suficiente. Votar en las seis boletas, o en el caso de entidades donde también habrá elección del Poder Judicial local, nueve papeletas, es casi una misión imposible. Por ejemplo, quienes participen en la elección judicial federal tendrán frente a sí una boleta morada, otra turquesa, una más amarilla, otra salmón, rosa y naranja. La de ministros de la SCJN tendrá 64 candidatos, la de magistrados para el Tribunal de Disciplina 38, la de Magistrados de la Sala superior del TEPJF 15, la de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral 20, la de Magistrados de Circuito 41, y la de Jueces de Distrito 25. En las locales, en CDMX, para ilustrar: 32 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, 16 para magistrados del Poder Judicial local y 35 para juzgados del Poder Judicial local. En total, el elector tendría que elegir entre 286 candidatos. No votar, para no legitimar, será un acto cívico y de protesta. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN