La fiscalía paraguaya amplió el viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña para incluir el cargo de asociación criminal, en la investigación por su supuesta responsabilidad en el colapso del banco digital Ueno que desató una crisis financiera y política en el país.

Peña, un economista de 47 años que había asumido en 2023, fue destituido la semana pasada mediante un juicio político en el Congreso. La fiscalía lo imputó inicialmente por lesión de confianza y administración en provecho propio, y un juez ordenó su prisión preventiva en una unidad militar en Asunción.

El Banco Central dispuso la semana pasada un procedimiento de resolución de Ueno por problemas de solvencia relacionados con préstamos a empresas vinculadas, lo que dejó a millones de personas sin acceso a sus cuentas. El expresidente fue accionista de la entidad matriz de Ueno hasta 2025.

La fiscalía amplió también la imputación contra el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo e incluyó a tres exdirectores del ente emisor y al exjefe del organismo regulador bancario, que fueron detenidos en las últimas horas.

Los agentes del ministerio público sostienen que las personas investigadas ​​conformaron una estructura organizada, integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, para favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez, propietario de Ueno.

"Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", dijo el escrito de imputación.

"Habría impartido las directivas públicas e institucionales de no intervenir en la entidad, habría frenado mediáticamente las alertas de insolvencia y había recibido personalmente contraprestaciones ilícitas", agregó.

Ricardo Preda, abogado de Peña, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

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Con información de Latinus