La empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram, presentó un recurso judicial en el Tribunal Superior de Londres contra el organismo regulador de medios de comunicación del Reino Unido, Ofcom, cuestionando la metodología utilizada para calcular las tasas y sanciones previstas en la Ley de Seguridad en Internet de 2023. Según un portavoz de Ofcom, las tarifas establecidas por la ley se basan en los ingresos mundiales computables de cada proveedor. “Lamentablemente, Meta se opone al pago de las tasas y a cualquier sanción que pudiera imponerse a las empresas en el futuro y que se calcule sobre esta base”, señaló el regulador en un comunicado. Por su parte, un portavoz de Meta declaró que tanto la compañía como otros actores del sector tecnológico consideran que las decisiones de Ofcom sobre la metodología de cálculo son desproporcionadas. "Creemos que las tasas y sanciones deberían basarse en los servicios que se regulan en los países en los que se regulan”, añadió. La empresa argumenta que vincular las sanciones a los ingresos globales excede el ámbito de aplicación de la ley y genera un impacto financiero desproporcionado. Aun así, reconoció que incluso bajo su propuesta, Ofcom podría imponer “las multas más elevadas de la historia empresarial de Reino Unido”. La Ley de Seguridad en Internet La legislación británica, aprobada en 2023, establece normas más estrictas para las plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios frente a contenidos dañinos. Entre sus disposiciones, permite a Ofcom imponer multas de hasta el 10% de los ingresos globales de las empresas que incumplan los requisitos. Además, la ley exige que Ofcom recupere los costos de funcionamiento del régimen mediante tasas cobradas directamente a los proveedores de servicios digitales. Próximos pasos en la disputa El abogado de Ofcom, Javan Herberg, declaró ante la corte que el regulador tiene la intención de emitir facturas por las tasas en el tercer trimestre de este año, probablemente en septiembre. Sin embargo, reconoció que podrían tener que realizar reembolsos si la impugnación de Meta prospera en los tribunales. La disputa abre un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de las grandes tecnológicas en Europa, donde los gobiernos buscan reforzar los mecanismos de control sobre plataformas con alcance global, mientras las empresas defienden que las sanciones deben limitarse al mercado local en el que operan. Si los tribunales fallan a favor de Meta, se modificaría la forma en que se calculan las sanciones y tasas, reduciendo el impacto financiero sobre las plataformas. En cambio, si Ofcom mantiene su postura, las empresas deberán asumir multas potencialmente multimillonarias basadas en sus ingresos globales, lo que reforzaría el poder regulador británico en el ámbito digital.

Con información de Excélsior.