Los municipios sí tienen la capacidad legal y operativa para administrar el servicio de agua potable, afirmaron los legisladores morenistas Gilberto Herrera Ruiz y Eric Silva, diputado federal y diputado local respectivamente. Ambos señalaron que los alcaldes de Querétaro y Humilpan “hablan con desconocimiento” sobre la propuesta de Ley General de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de sus responsabilidades constitucionales en la materia. El diputado federal Gilberto Herrera subrayó que los municipios han tenido desde siempre la facultad de hacerse cargo del servicio. “El 115 constitucional les ha otorgado toda la vida la posibilidad de llevar a cabo el servicio de agua en cada uno de sus municipios. Una ley secundaria nunca va a estar por encima de una ley constitucional”, expuso. Agregó que es falsa la versión de que la nueva ley obligará a los municipios a asumir el servicio de manera forzada: “Mentira que esta ley los va a obligar a que ellos tengan que tomar el servicio; eso no es cierto.” Herrera también cuestionó la posición de las presidencias municipales que han declarado falta de recursos para operar el agua potable. “Más bien ahí es la situación de no querer tomar una responsabilidad que les compete. ¿Cómo es posible que Cadereyta sí pueda y que la capital, que es de los municipios con más recursos, se declare incompetente?”, afirmó. En ese sentido, insistió en que los gobiernos locales no deben ceder la operación a privados sin una revisión de fondo: “Que recapaciten y asuman lo que les da la Constitución, porque los obliga a que ellos son los responsables del servicio y no se lo tienen que dar a terceros.” En torno a la iniciativa federal, Herrera señaló que el objetivo es ordenar las concesiones y frenar su uso irregular. “Lo único que quieren es poner en regla las asignaciones de Conagua y que verdaderamente se utilicen para lo que se dan. Las dan para un uso y las terminan pasando a otro. Simplemente el solicitarlo y que te lo hayan asignado ya son 60 millones de pesos que pertenecen a la nación.” El legislador aseguró que la ley prohibirá la transferencia de derechos para evitar prácticas de privatización encubierta. Por su parte, el diputado local Eric Silva respaldó la postura y reiteró que la operación del agua es una atribución municipal que no puede ser desconocida por los alcaldes. Señaló que la discusión en Querétaro debe darse con base en la legislación vigente y no en interpretaciones políticas. Ambos legisladores concluyeron que la armonización de la ley estatal dependerá del dictamen federal, pero mantendrá el mismo principio: el agua como un derecho y no como una mercancía.