La crisis hídrica en Querétaro dejó de ser un escenario futuro para convertirse en una realidad cotidiana marcada por sequías severas, lluvias torrenciales mal aprovechadas y un modelo de crecimiento urbano desconectado de la disponibilidad del agua. Así lo afirmó Katia Reséndiz, presidenta del Consejo Consultivo del Agua del estado, tras la presentación del Programa Hídrico de Querétaro, un documento que busca convertirse en la hoja de ruta para enfrentar uno de los mayores retos ambientales y sociales de la entidad. Reséndiz explicó que el programa surge en un contexto político complejo, luego de la cancelación del proyecto de El Batán, pero consideró que ese episodio abrió un debate necesario sobre la urgencia de replantear la política hídrica estatal. “Fue un momento tenso, pero también positivo, porque detonó la conversación sobre cómo estamos gestionando el agua y hacia dónde debemos ir”, señaló. De acuerdo con el diagnóstico técnico que sustenta el programa, Querétaro cuenta con 12 acuíferos, la mayoría de ellos en condiciones de sobreexplotación. Estudios realizados por la UNAM revelan un balance hidrológico negativo, mientras que análisis de disponibilidad muestran que la extracción supera de manera constante la recarga natural. A ello se suma el impacto del cambio climático: 2024 registró sequías extraordinarias y 2025 lluvias intensas que no pudieron captarse adecuadamente, generando pérdidas económicas y sociales en distintas regiones del estado. La presidenta del Consejo subrayó que el problema central no es únicamente la falta de agua, sino su gestión. “No se trata de un solo proyecto, sino de un proceso integral. El reto es cómo la estamos administrando desde lo legal, lo urbano, lo agrícola y lo social”, afirmó. En ese sentido, el Programa Hídrico propone actualizar el marco regulatorio estatal, modificar el código urbano y frenar el desarrollo inmobiliario en zonas de recarga de acuíferos. Uno de los ejes clave es el concepto de “impacto hidrológico cero”, que plantea que nuevos desarrollos habitacionales, industriales y comerciales no deben interrumpir el ciclo natural del agua. Esto implicaría la obligatoriedad de sistemas de captación pluvial, infiltración y reutilización, medidas que requieren inversión, pero que buscan prevenir una crisis mayor en el mediano plazo. Reséndiz destacó también la importancia de la coordinación regional, ya que las cuencas no respetan límites administrativos. Ejemplos como el Valle de Amealco —fundamental para la recarga del acuífero de la zona metropolitana— muestran la necesidad de acuerdos entre municipios y con estados vecinos para proteger fuentes estratégicas de agua. En el ámbito agrícola, el programa identifica otro punto crítico: de las aproximadamente 53 mil hectáreas de riego en Querétaro, solo cerca del 30 por ciento está tecnificado. Incrementar esa cifra al 50 por ciento permitiría un uso más eficiente del recurso y un mayor retorno de agua a los mantos acuíferos, sin satanizar a un sector que, bien gestionado, puede ser parte de la solución. Finalmente, la presidenta del Consejo Consultivo hizo un llamado a despartidizar el tema del agua y convertirlo en una prioridad común. “Sí debe politizarse, estar en todas las agendas, pero no pintarse de colores. El agua es de Querétaro y la solución nos toca a todos”, concluyó, al advertir que sin acuerdos, voluntad política y participación ciudadana, el estado podría enfrentar escenarios de desabasto cada vez más severos.